Huellas. En la edición de octubre del 2011 de la revista Poder, el periodista Ricardo Uceda explicó la sentencia que absolvió al célebre coronel Elidio Espinoza y a otros nueve policías del asesinato de cuatro personas en Trujillo. El reportaje aportaba así más elementos de juicio de un caso impopular, pues un amplio sector de la población considera un mal menor eliminar delincuentes. Hoy que se conoce el paso al retiro del jefe policial, La República reproduce en varias entregas ese documento para que los lectores tengan el contexto apropiado acerca de lo que significa la trayectoria de este controversial personaje.
Ricardo Uceda.
El pasado 27 de setiembre, un juzgado penal colegiado de Trujillo declaró inocente al coronel Elidio Espinoza, jefe de Estado Mayor de la policía de La Libertad, del delito de asesinato de cuatro personas durante un operativo realizado en el barrio de El Porvenir, hace cuatro años. Otros nueve policías fueron absueltos del mismo cargo. La sentencia corresponde al caso emblemático de 46 muertes de delincuentes en enfrentamientos con la policía durante el 2007 y el 2008, que de acuerdo con una investigación de Poder, publicada a finales del 2009, en buena parte constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Para entonces, ya el Ministerio Público había hecho suya esta tesis en el caso de los muertos de El Porvenir. Trátase de un juicio histórico, el más importante en materia de derechos humanos desde La Cantuta y Barrios Altos, que pone en el tapete la actuación del Poder Judicial cuando procesa a jefes policiales protegidos por su cuerpo y por el poder local. ¿De qué manera contrasta las pericias exculpatorias de su institución? ¿Cómo evalúa a los testigos con código de reserva? ¿Cómo discierne con prescindencia de la enorme presión política para absolverlos?
Es seguro que esta sentencia llegará vía apelaciones a la Corte Suprema y quizá a una instancia supranacional. Por otra parte, posiblemente en los meses venideros tengan lugar otros dos procesos, si avanzan las investigaciones de nuevos casos. Tarde o temprano, entonces, el país sacará lecciones respecto de lo ocurrido. Una de las dos posibilidades es siniestra. O hubo una conspiración para condenar a prisión perpetua a policías inocentes que cumplían con su deber, o desde el comando policial de Trujillo se implementó una política criminal de desaparición de delincuentes. No existe una tercera opción.
VERSIONES VARIAS
El tribunal se encontró con dos hechos narrados antagónicamente. Solo coinciden en lo formal: la noche del 27 de octubre del 2007, la policía realizó un megaoperativo en toda la ciudad, para anunciarle al crimen que la lucha en contra suya sería sin cuartel. La mañana de ese día había llegado a Trujillo, entre otros propósitos para animar la cruzada, el ministro del Interior, Luis Alva Castro. Cuando varios barrios habían sido ya batidos, el alto mando ordenó un operativo en la zona Este, donde el distrito más penetrado por la delincuencia es El Porvenir. Un convoy de camionetas policiales cruzó sus calles en busca de sospechosos. A partir de entonces las versiones difieren.
Según el Ministerio Público, los policías, en seis vehículos, llegaron hasta la esquina de las avenidas Sánchez Carrión y Asencio Vergara, ingresaron a la vivienda del ciudadano Nelson Meza Mendoza y sustrajeron una motocicleta amarilla. Luego, a la altura de la cuadra 16 de la avenida Sánchez Carrión, intervinieron a una motocicleta verde, en la que viajaba Carlos Iván Mariños Ávila, de 19 años, al que detuvieron y subieron a una de las camionetas. También se llevaron la moto, que se unió a la de Meza en una de las tolvas. Reanudaron su camino y se dirigieron a una vivienda ubicada en Sánchez Carrión 1799, donde vivía Carlos Iván Esquivel Mendoza. A esta casa ingresaron después de rodearla por los techos, ingresar por viviendas vecinas y forzar las puertas. Tras capturar a Esquivel, se dirigieron hacia el pasaje San Luis, en cuya primera cuadra interceptaron a Víctor Enríquez Lozano, quien viajaba en la moto roja de su hermano. Finalmente, en la avenida Vergara, detuvieron a Ronald Reyes Saavedra y lo subieron a una de las camionetas que formaban parte del convoy.
En un descampado de la zona, los policías habrían asesinado a todos los detenidos. Antes, habrían golpeado a Esquivel para que les dijera dónde escondía sus armas. Esquivel los llevó a la casa de Víctor Torres, un vecino del barrio Antenor Orrego, en cuyo domicilio los captores buscaron las armas infructuosamente. Abandonaron el inmueble irritados por el engaño. En la versión de la fiscalía, las ejecuciones se producen inmediatamente después.
La historia de los diez policías acusados, narrada en el juicio oral por el abogado defensor del coronel Elidio Espinoza, difiere en todo. Hasta del lugar donde sucedieron los hechos.
Según la defensa, el convoy de vehículos policiales iba por la calle Sinchi Roca –esto es, a varias cuadras de donde la fiscalía dice que se realizaron las ejecuciones– cuando, en la esquina con el pasaje San Luis, se topó con tres desconocidos a bordo de una motocicleta. Desde la primera camioneta les dieron la voz de alto. Por toda respuesta, los desconocidos dispararon, impactando al vehículo policial en la puerta del costado derecho. Trataron de huir disparando hacia atrás. Los policías contraatacaron a balazos e hirieron a todos. Los cuerpos fueron subidos a la tolva de una de las camionetas, que salió inmediatamente con destino al hospital Belén. En su camino, esta camioneta es atacada a balazos por otros dos desconocidos en moto, en la esquina entre Sánchez Carrión y Lorenzo Farfán. Los agredidos repelen con sus armas de fuego: uno cae, otro huye y nunca fue identificado. Así, esta camioneta llega con cuatro baleados al hospital Belén. El único que estaba con vida, Carlos Iván Mariños, murió minutos después.
¿Cómo es posible para un tribunal discernir entre tesis tan encontradas? La del Ministerio Público se desarrolla hasta en cinco escenarios –la casa de Meza, la calle Sánchez Carrión, la casa del difunto Esquivel, el pasaje San Luis, la avenida Vergara–, en la mayoría de ellos con testigos directos. La policial, en los dos lugares donde se habrían desarrollado las balaceras, y sin testimonios de civiles. En la práctica, entonces, el juicio se concentró en el análisis de dos tipos de pruebas. Por un lado, las versiones de quienes dijeron haber visto las capturas, que de ser creídas implicarían que hubo asesinatos pues las personas que murieron habrían estado con vida en el momento de su detención.
Y, por otro lado, las pericias. Se trata de un típico caso en que las pruebas científicas pueden determinar qué ha ocurrido: si un enfrentamiento o una ejecución con disparos de espaldas y en la cabeza, como sostuvo la fiscalía. El resultado fue que el tribunal no creyó a los testigos y dio crédito a las pericias de la policía, desechando las del Ministerio Público. Es necesario desmenuzar su análisis, en primer lugar respecto de los testimonios que se presentaron en el juicio oral.
EL CASO EL PORVENIR
De todos los casos de supuestos enfrentamientos con muerte que llegaron a las fiscalías de Trujillo cuando el coronel Elidio Espinoza dirigía el Escuadrón de Emergencia Este de la ciudad, el de los abaleados de El Porvenir fue el único en el que la fiscalía pudo construir una acusación. Había archivado casi todos los restantes, forzado por los atestados y demás evidencias proporcionados por la policía. De cualquier modo, lo que hizo fuerte el caso de El Porvenir fue la gran cantidad de testigos de las capturas. Inicialmente eran 43, pero, tras un proceso de depuración, la fiscalía presentó trece al juicio, la mayoría encubiertos. Cuatro de estos testigos eran familiares de los fallecidos y, de ellos, solo uno dijo haber visto la detención.
En su sentencia, los jueces ignoraron a tres por no haber presenciado directamente las capturas. Y en el caso de una mujer que sí lo hizo, por tener, además del parentesco, antecedentes delincuenciales. En cambio, se presentaron ocho personas que no podían ser menospreciadas por esos motivos y que aseguraron haber visto alguna de las detenciones.
A estas, los juzgadores les encontraron otro problema: eran testigos sin rostro. Además, sus versiones se contradecían en determinados aspectos.
El mayor número de testimonios se ofreció para las capturas de Carlos Esquivel y Víctor Enríquez, a quienes habrían sacado de sus casas en presencia de numerosos vecinos. Mariños y Reyes, el primero y último de los detenidos en la versión de la fiscalía, habrían sido interceptados en la calle. Respecto de Esquivel, el testigo N° 42 sostiene que, estando parado en una esquina, vio llegar vehículos con policías que “empezaron a disparar como locos”. Uno de ellos, añade, aventó a Carlos Esquivel del techo de su casa. El testigo N° 27 afirmó que lo tiraron de la casa de su hermana, y el N° 14, de la casa de su mamá. El N° 43, que lo sacaron “por la fachada de su casa”; el N° 31, que lo bajaron por el corral y que en un momento cayó de rodillas.
Los testigos N° 30, N° 28 y N° 26 coincidieron en que fue aventado desde el techo. Tenemos, pues, a siete personas que aseguran haber visto que Esquivel fue tirado desde un techo, aunque no está claro de cuál. Los jueces le dieron importancia máxima a estas contradicciones, así como a la falta de coincidencia en lo que estos testigos vieron después de que el detenido cayó.
El testigo N° 42 dijo que dos policías recogieron a Esquivel y lo subieron a una camioneta en cuyo interior estaban dos jóvenes esposados. El N° 27 no menciona haber visto a nadie en la camioneta. Tampoco los números 14, 43, 30, 28 y 26. Solo el testigo N° 31 corroborará lo dicho por el N° 42 respecto de que había otras personas detenidas en un vehículo policial. Por otra parte, el testigo N° 42 dijo que la captura ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, mientras que los testigos N° 31, N° 30 y N° 26 aseguraron que fue a las 7:30. Otra cosa: el testigo N° 30 dijo que había poca luz, pero el N° 28, que la calle estaba muy iluminada.
En cuanto a los testimonios sobre la supuesta detención de Enríquez, los colegiados no arguyen contradicciones sino vacíos. El testigo N° 8 sostuvo que vio cuando lo sacaban de su casa y lo subieron a una camioneta. Pero estaba a cien metros de distancia. El testigo N° 22 advirtió que una persona con polo rojo, a la que no identificó, estaba en el interior de una camioneta policial.
El testigo N° 7 refirió que Enríquez, encapuchado, fue llevado en una camioneta. Aunque el testigo sostiene que vio cuando le cubrieron el rostro, los jueces se preguntaron: si estaba encapuchado, ¿cómo supo que era él? ¿Y por qué los testigos N°8 y N° 22 no mencionaron la capucha? Para el resto de difuntos, solo la testigo N° 40 –una vendedora de pan– acreditó una escena que podría corresponder a la detención de Mariños: vio que la policía intervenía a un chico al que no conocía y que viajaba en moto.
No hay testimonios sobre la captura de Ronald Reyes salvo lo dicho por Marta Enríquez: cuando presenció la detención de su hermano Víctor, Reyes estaba dentro de uno de los vehículos policiales. Aunque esta versión contraria a la secuencia narrada por el fiscal, para quien Reyes fue detenido al final, no fue tomada en cuenta. Marta Enríquez era familiar de una supuesta víctima y poseía antecedentes delictivos.
Ahora bien, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Testigos que disienten o testigos que coinciden?
Mañana: El razonamiento del tribunal - La controversia alrededor de la validez de los testimonios en el proceso al crnel. Elidio Espinoza. Los argumentos de la Defensa, los resultados de las pericias.
