El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, dijo que mientras no haya sido evaluada una solicitud formal de Argentina al Perú, no puede adelantar una posición sobre el pedido de la justicia de ese país para detener y extraditar al expresidente Francisco Morales Bermúdez.
La captura se pide por el secuestro de 13 opositores peruanos durante el gobierno militar de Morales Bermúdez (1975-1980), y que fueron enviados a Argentina, presuntamente, como parte del Plan Cóndor, que implementaron los regímenes militares del Cono Sur para reprimir a sus opositores.
De otro lado, el ministro afirmó que se aplicarán diversas medidas, como embargos o declaratoria de insolvencias, para cobrar los más de mil millones de soles que los sentenciados por corrupción deben al Estado por reparaciones impagas.
Sostuvo que si las personas con sentencia cumplida carecen de fondos, u ocultan su patrimonio, o sacaron dinero al extranjero a través de testaferros, igual seguirán siendo perseguidos por la justicia hasta cumplir con el Estado.
"No podrán hacer contratos, abrir cuentas, acceder a créditos, realizar transacciones, hacer actos jurídicos. Esa es la muerte civil. La deuda por reparación civil con condenas concluidas y efectivas, alcanza más de mil millones de soles, solo se ha pagado seis millones de soles", precisó.
(LaRepublica.pe)
