Los proyectos de ley respecto a la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas de emergencia son apresurados, y no responden a una política de lucha antisubversiva, estimó David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal.
“Parecen proyectos de ley apresurados, fruto de la improvisión y no realmente una política antisubversiva de apoyo real y efectivo dentro del Estado de Derecho a nuestra Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico y terrorismo. Este tipo de medidas no le hacen ningún bien a las Fuerzas Armadas dentro del Estado de Derecho y de eso deberíamos estar muy atentos”, dijo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Cabe indicar que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que plantea establecer la "inimputabilidad” de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que en zonas de emergencia, haciendo uso sus armas, generen alguna muerte y que ante dicha eventualidad, los fiscales tendrán que solicitar un informe técnico con los detalles de lo ocurrido.
El Ejecutivo también aprobó el proyecto de ley que autoriza a los miembros de las fuerzas del orden al levantamiento de cadáveres en las zonas que se encuentren en Estado de Emergencia y en aquellos lugares donde no pueda llegar el Ministerio Público.
Lovatón Palacios desestimó las versiones que señalan que este tipo de iniciativas buscan subsanar la desprotección a los miembros de las FF.AA. Recordó que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público han demostrado que son pocos los militares que se encuentran procesados.
Informe previo es preocupante
En este sentido, dijo que el Congreso no debe aprobar la norma que pretende que los fiscales soliciten un informe técnico antes de iniciar una investigación porque afecta la autonomía del Ministerio Público y en razón de que es “inconstitucional”.
“Esta iniciativa revela un mensaje preocupante que tú autoridad civil no sabes de estos temas y necesitas un informe militar que te dirija. Si bien han señalado las autoridades, que eso no sería vinculante, me pregunto si el informe técnico determina que eso no es una violación de los derechos humanos, sino un delito de función, entonces ¿Cómo lo vamos a trabajar?”, aseveró. (Con información de Ideeleradio)