La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, se mostró de acuerdo con la aplicación de la "muerte civil" a los condenados por corrupción que no hayan pagado las reparaciones civiles.
Señaló que su aplicación no viola ningún derecho fundamental y que por el contrario defiende el de todos los ciudadanos. Sostuvo que es inaceptable que de los mil millones de nuevos soles de deudas por reparaciones civiles, sólo se hayan podido cobrar seis millones.
La "muerte civil", propuesta por el ministro de Justicia, Juan Jiménez, consiste en aplicar medidas como el embargo de bienes, reporte ante las centrales de riesgo y de la declaratoria de insolvencia. Esto les impediría firmar contratos, abrir cuentas, realizar transacciones o realizar actos jurídicos hasta que no cumplan con el pago de lo que manda la sentencia.❧
