Jorge Loayza./ El Estado peruano alegó en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se debía admitir el caso de la hoy prófuga de la justicia Mónica Feria Tinta, pues no se habían agotado "los recursos de la jurisdicción interna con anterioridad a la presentación del reclamo". Sin embargo, dicho pedido no fue atendido por la instancia supranacional y, finalmente, el caso la presunta senderista siguió su curso.
En el documento del alegato peruano se señala que el Estado precisó que si bien Feria había sido absuelta el 18 de junio del 1993 por la Corte Superior, la Corte Suprema –luego de revisar la sentencia– decidió que era necesario realizar un nuevo juicio oral por las acusaciones de terrorismo.
En su descargo, la parte peruana también indicó que durante la investigación policial y su juzgamiento, la procesada habría contado con un abogado defensor y la participación del Ministerio Público, y no habría efectuado ninguna denuncia por presunto maltrato o impedimento del derecho de defensa.
Pese a los argumentos presentados, la Comisión Interamericana señaló que al momento de la detención y juzgamiento de Mónica Feria, la acción de hábeas corpus estaba suspendida en el ordenamiento jurídico peruano para los acusados de delitos de traición a la patria y terrorismo.
Asimismo, argumentó que tanto la Comisión como la Corte conocían de los obstáculos legales que hubo en nuestro país en esa época, en los procesos en los que estaban involucrados los acusados por terrorismo, como en el caso de Feria.
Por ello, la Comisión concluyó que "existen suficientes elementos de juicio como para eximir al peticionario del requisito de previo agotamiento de los recursos internos", tal como lo consignan algunos artículos de la Convención Americana.
No se puso a derecho
Para el procurador supranacional, Luis Alberto Salgado, si bien Mónica Feria podía alegar en su defensa que en los años noventa no tenía garantías para regresar al país a fin de someterse a la justicia por la legislación antiterrorista vigente en esa época, la situación cambió a partir del 2001.
En tal sentido, indicó que su caso no debió llegar hasta las instancias de la Corte, pues se debió agotar la vía interna.
Frente al actual escenario, señaló que la estrategia del Estado peruano no solo se enfocará en resaltar este detalle sino también a hacer comprender a la Corte que resultaría grave para los derechos humanos que se dé una sentencia a favor de Feria Tinta.
Salgado dijo que llegarían a veinte los casos de procesados y sentenciados por terrorismo que tienen demandas pendientes contra el Estado peruano ante la CIDH. Entre ellos destacó el de la sentenciada Gladys Espinoza Gonzales.
Deben revisar competencias
El ex canciller José Antonio García Belaunde consideró pertinente que el Perú plantee una revisión de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto a propósito de la presentación de la Comisión ante la Corte Interamericana del caso Mónica Feria.
García Belaunde indicó que en los últimos años la Comisión reformuló su reglamento para tener más competencias de las que tenía originalmente y contar con un mayor margen de discrecionalidad.
El ex canciller dijo que se deben revisar los procedimientos de trabajo de esa comisión que le parece "muy arbitraria, muy sesgada y con una discrecionalidad que no corresponde a ningún ente de tipo jurídico o jurisdiccional”.
Claves
Pedido. El pasado 25 de enero, el Perú propuso unas reformas al funcionamiento de Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no se perjudique a los estados miembros.
Premio. En octubre del 2007, Mónica Feria recibió el Premio Justicia de la Fundación Gruber del Georgetown University Law Center.
En cifras
1997 fue el año en que Feria presentó su petición ante la Comisión Interamericana.
19 años fuera del país se encuentra Mónica Feria.
417 mil dólares ordenó pagar la Corte al Estado peruano a los deudos del universitario Kenneth Anzualdo.