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Entrevista: El problema de la inseguridad ciudadana en el Perú

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El aparente intento de asalto sufrido la noche de ayer por el congresista Renzo Reggiardo es solo una muestra de que Ollanta Humala asumió la presidencia de un país en donde la inseguridad ciudadana es tema de todos los días. ¿Qué realidad recibe y qué acciones deberá tomar? Aquí una entrevista que ayuda a confirmar qué tan mal vamos en este aspecto.

José Miguel Silva @jomisilvamerino

LaRepublica.pe conversó con Lucía Dammert, Directora Ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad, quien graficó de manera precisa el panorama que recibe Ollanta Humala en relación a la seguridad ciudadana.

Será el ministro Oscar Valdés Dancuart quien maneje las riendas de un Ministerio en crisis. ¿Podrá cumplir su tarea? Será cuestión de tiempo el saber la respuesta.

¿Tienes idea de cuantos ministros del Interior hubo en los últimos años?
18 en diez 10 años

¿Crees que se han ejecutado reformas sustanciales en el sector en el pasado gobierno?
No, ninguna. El área de seguridad ciudadana es una de las más abandonadas en términos de reformas de verdad. Lo que hubo son algunos intentos modernización de la gestión policial, la vinculación con algunos alcaldes, pero en realidad el Ministerio del Interior como tal, merece de un proceso de modernización más relevante de acuerdo a los problemas que enfrenta el país en relación a la seguridad ciudadana.

Alan García hizo anuncios importantes en cuanto al aumento de policías… ¿por qué esto no ha ayudado a disminuir la inseguridad ciudadana?
Creer que la solución al problema de la delincuencia es el aumento de policías, es entender solo parte del problema. Existe un problema de distribución y de calidad de la dotación policial en el país. Eso tiene que ver con bajos niveles de salarios y de formación y entrenamientos de los oficiales, que muchas veces genera que su presencia finalmente no logre disuadir. Resolver el déficit de policías ayuda, pero no limita los problemas graves de inseguridad porque eso está vinculado con problemas sociales graves y con una definición de una estrategia efectiva de patrullaje policial.

Hubo una serie de planes implementados por los sucesivos ministros del Interior, como el Plan Telaraña, ¿hubo una característica común en todos estos?
Hay una necesidad de cada uno de los ministros y del gobierno en general, de establecer una respuesta a una presión ciudadana evidente que es aumentar los niveles de seguridad. Muchas veces se trató de responder con iniciativas que quizás fueron exitosas en otros países pero lamentablemente estos programas fueron, en primer lugar, esporádicos; además no cuentan con el financiamiento necesario para mantenerse en el tiempo. Por otro lado, no son arraigados en la institución policial y finalmente, se enmarcan en una discusión que está más que todo en el ámbito de la política electoral que en el de la política pública.

¿De qué manera se puede medir el éxito del Ministerio del interior?
Hay múltiples tareas que este ente desarrolla, desde el área de conflictividad social, participar en problemas sin que estos sean llevados a la violencia, pasando al tema de la investigación criminal, en donde los resultados son de otro tipo, hasta finalmente los temas de prevención del delito, uno de los indicadores más eficientes sería la disminución de los casos que aumentan la percepción de inseguridad de la población. Un espacio mal vigilado abre la posibilidad de que ocurran más delitos.

¿Es recomendable que las Fuerzas Armadas tomen parte en un conflicto social cuando supuestamente la policía no puede solucionar las cosas?
Los conflictos sociales son políticos que deben ser resueltos por el debate político. Tratar de resolver conflictos sociales con la policía es ya incluso peligroso porque genera espirales de violencia y no resuelve problemas de fondo. Peor es aún tratar de resolver conflictos sociales usando las fuerzas armadas. Debe establecerse una clara diferencia entre cuando se trata de un conflicto más político que de aquellos de corte delictual (delictivo) o criminal.

Se dieron casos de nombramientos como los de Mercedes Cabanillas o Luis Alva Castro que son civiles sin experiencia en temas de seguridad ciudadana, ¿por qué hubo esta necesidad de nombrar gente como ellos en el Ministerio del Interior?
La arquitectura institucional del Ministerio del Interior limita mucho las capacidades de desarrollo profesional porque es un ministerio eminentemente político, al estar muy centrado en temas de conflictividad social de mantenimiento de ciertos niveles de relaciones entre la política y las comunidades, y es por eso que en algunos países se ha creado ministerios especializados de seguridad pública o seguridad ciudadana, que son ministerios en donde el tema de la seguridad pasa a ser un tema de política pública. Mientras la seguridad esté en un ministerio en donde esencialmente se discuten temas políticos, la discusión no será entre técnicos sino que se basará en la coyuntura política y en la búsqueda de cada uno de los personajes a cargo.

¿Por eso nombran políticos no?
Quizás por eso se explica que el presidente elija a estas personas en el cargo. A nadie se le ocurriría utilizar el Ministerio de educación como una tribuna política, en cambio en el del Interior lo que ocurre es que se criminaliza el conflicto social y se quita profesionalismo a la actividad contra la inseguridad.

¿Rescatas algo bueno en el plan de seguridad ciudadana del presidente Humala?
La pregunta es cómo se pasa de la retórica a la práctica, hay muchas expectativas, no puedo decir que los dos planes de gobierno que pasaron a la segunda vuelta eran deficitarios, al contrario eran acordes a lo que esperaba, pero sí faltó una estrategia nacional de mediano plazo en donde el tema de seguridad sea tocado integralmente. Se encontraba un muy buen diagnóstico y respuestas específicas, pero carecen de soluciones más estructurales.

Primeras medidas urgentes

¿Qué medidas deben tomarse de inmediato?
En primer lugar con relación al tema de la seguridad ciudadana hay que redefinir la presencia y dotación policial en lugres en donde la violencia es mayor. En segundo lugar debe haber un sistema mejor de protección social de la policía para que los agentes tengan no solo salarios dignos sino acceso a salud y vivienda, además de mejorar los niveles de responsabilidad civil de la población frente a temas de corrupción y uso excesivo de la fuerza. A partir de allí se puede iniciar un cambio.

Pero también hay varias otras cosas pendientes…
Claro. Debe cambiarse los sistemas de entrenamiento, de educación, incrementar los niveles de requerimiento para el ingreso de la fuerza, creo que hay miles de cosas que decir aquí. Debe haber un equipo permanente especializado en las políticas públicas de seguridad.

¿Cómo se puede determinar que la bomba de tiempo de la seguridad ciudadana explotó?
Lo más grave sería dejar que las cosas se queden tal como están y que lleguemos a un momento en donde la penetración de crimen organizado sea mucho más fuerte y las instituciones de control dejen de perseguir su misión y empiecen a funcionar de una forma no vinculada con el Estado de derecho. El incremento de los ajustes de cuentas, de homicidios, el sicariato, las actividades de impunidad al interior de las cárceles, todas esas serían las señales de esta bomba explotando. La principal bomba de tiempo es el abandono permanente de la institución en términos de su control y mejoramiento que podría abrir las puertas a un fenómeno de corrupción masiva.


¿Desde el lado de la sociedad, cómo se puede trabajar para recuperar la confianza de la población en sus entes de seguridad?
Esto es una tarea de largo aliento que requiere de una tremenda voluntad política del Presidente, del ministro del Interior y del ministro de Justicia, para que los tres demuestren que son cambios de verdad. Si se percibe que es un ministerio desmanejado donde hay niveles altos de corrupción, y evidentemente ahí no se le puede pedir a la gente que confíe en instituciones que desde la misma política se dice que están penetradas por el crimen. Entonces por un lado la sociedad deberá esperar señales políticas de sostenibilidad, pero por otro lado, la ciudadanía debe reconocer que el fenómeno del crimen no se resuelve ni con castigos más fuertes ni con mayores cárceles ni con más policías, sino que hay raíces sociales que permiten estos niveles de violencia y criminalidad.

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