Un conjunto representativo de alcaldes provinciales y distritales capitalinos, entre los cuales se cuentan los de Lima y Callao, se ha dirigido al Ejecutivo y Legislativo demandando la derogación, con carácter de urgencia, de la ley 29090, norma que establece las denominadas Licencias Automáticas de Construcción.
Sostienen los burgomaestres que la mencionada ley les impide cumplir con su labor de supervisión sobre edificaciones, las cuales han pasado a una informalidad total, ya que al eliminar la obligatoriedad de contar previamente con opiniones técnicas en el caso de construcción de edificios se ha favorecido el urbanismo salvaje, causante de decenas de derrumbes recientes.
Como se sabe, la ley 29090, con el pretexto de eliminar los excesivos trámites en el caso de construcción de edificios e impulsar la autoconstrucción, aprobó la eliminación de revisiones técnicas que tengan que ver con planos y estructuras en inmuebles de hasta cinco pisos, las cuales pueden ser hechas a posteriori incluso en aquellos de 16 pisos.
En su momento, la ley 29090 suscitó la oposición de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros –una campaña que apoyamos desde este espacio–, los cuales demandaron al presidente García no promulgar la norma. Es que no se requerían dotes de adivino para vaticinar lo que ocurriría con estas edificaciones no sujetas a supervisión alguna.
Es más, desaparecer las opiniones técnicas en un país ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta tenía algo de suicida. En su momento, el Colegio de Arquitectos argumentó con razón que la 29090 sólo lograría extender la destrucción y mortandad en caso de sismo, pues inmobiliarias inescrupulosas se aprovecharían de la informalidad para construir con materiales deficientes.
Todavía la capital no ha pasado por un gran sismo –toquemos madera– desde la promulgación de la ley y ya se vive una realidad de horror, en la que los derrumbes de viviendas por excavaciones o construcciones hechas sin ningún criterio técnico son cosa de cada día. Es momento en que el gobierno reconozca su error y la 29090 sea derogada. No se puede combatir el burocratismo municipal aumentando la inseguridad urbana.
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