Elízabeth Prado.
El caso Conga se ha convertido en el emblema de la lucha por el agua, pero hay otros cinco conflictos similares que podrían explotar en cualquier momento con lamentables consecuencias si no son atendidos oportunamente.
Ser trata de Candarave, en Tacna; Huarmey, en Áncash; Río Tigre, en Loreto; Lago Chinchaycocha, en Junín; y Llusco, en Cusco.
La población de Candarave no está dispuesta a entregar una sola gota de agua para las operaciones de la minera Southern. Esta decisión hizo que el viernes último el premier Óscar Valdés invite a las autoridades y dirigentes a tratar el caso en Lima con el propio presidente Ollanta Humala, antes de quince días.
En Huarmey acaban de culminar un paro de 48 horas en defensa de un acuífero que estaría siendo afectado por las operaciones de Antamina, y en exigencia de una mesa de diálogo con el Ejecutivo. No hubo respuesta del gobierno y el sábado acordaron ir a una huelga indefinida.
Mientras que en Loreto, la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre ha iniciado movilizaciones en Iquitos para que se declare en emergencia la cuenca del Tigre y así se la proteja de la contaminación petrolera que soporta desde hace 40 años.
Y en Junín, once comunidades campesinas cumplen actos de protesta para detener la contaminación del lago Chinchaycocha. El alcalde provincial, Luis Solórzano, denunció a tres ministerios y a siete organismos gubernamentales ante la Fiscalía Ambiental de Junín.
Fuera de control
Más de 800 comuneros de Llusco, en Chumbivilcas, siguen apostados en las cercanías de la minera Anabi dispuestos a desalojarla por haber contaminado sus ríos.
Antes de tomar esta medida sus delegados estuvieron en Lima, en busca de una comisión de alto nivel. La promesa del Ejecutivo de ir hasta Llusco no se cumplió.
"Los comuneros quisieron incendiar la mina, ya no puedo controlarlos. Ahora todo Chumbivilcas se plegó", dijo el dirigente Luciano Ataucuri.