El Ministerio Público acusó de prevaricación a una fiscal que había denunciado al presidente Alan García por su presunta responsabilidad en una matanza cometida en 1985, durante su primer mandato, informaron hoy medios locales.
La Fiscal de Desapariciones, Exhumaciones y Derechos Humanos de la región sur andina de Ayacucho, Cristina Olazábal, fue denunciada por la propia Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz.
Olazábal consideró a García como uno de los presuntos responsables del asesinato de 62 personas en la localidad ayacuchana de Accomarca, durante un operativo contra el terrorismo realizado en 1985, año de inicio de su primer Gobierno.
La fiscal ayacuchana sostuvo que García, como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, fue informado de un plan, del que formaba parte el operativo, por lo que es presunto responsable de los hechos según la tesis de la autoría mediata (dominio del hecho).
Sin embargo, la Fiscal de la Nación consideró que las leyes en las que se basó Olazábal no estaban vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.
La Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, que sirve de base a la fiscal ayacuchana, no entró en vigor en Perú hasta 1991, "lo que contradice el principio de la no retroactividad", según la denuncia de Echaiz.
La acusación generó la reacción inmediata de los organismos defensores de los Derechos Humanos, que alertaron hoy que Olazábal es la única fiscal que ha llevado adelante procesos de ese tipo en Ayacucho.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Francisco Soberón, dijo que la denuncia es "un caso de persecución y un mensaje por parte del Gobierno al resto de fiscales que están investigando denuncias sobre violaciones a derechos humanos".
En un comunicado, Soberón defendió la reputación de Olazábal y remarcó que es "quizá la única fiscal que ha trabajado en favor de los derechos humanos durante todo el periodo de transición", desde que finalizó el Gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000.
Recordó que bajo su dirección se investigaron casos como la masacre de Lucanamarca, pueblo donde 69 campesinos fueron asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1983, o el caso de Putis, donde militares mataron y enterraron en una fosa común a más de 100 personas, en 1984.
"Por eso resulta inaceptable que una fiscal con tanta valentía y coraje sea ahora denunciada por su labor en el caso Accomarca, en donde ocurrieron hechos que comprometen al propio presidente Alan García", remarcó Soberón.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que el 54 por ciento de las 70.000 muertes de la guerra interna peruana, entre 1980 y 2000, fueron causadas por Sendero Luminoso y que las fuerzas del Estado cometieron al menos un tercio de las mismas. EFE