La Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (Cader) del Ministerio de Educación recibió al menos 80 denuncias sobre cobros indebidos durante los procesos de matrícula en diversas instituciones educativas públicas de Lima.
El titular de Cader, Ángel Tenorio, manifestó a Andina que las denuncias recibidas vía correo electrónico o por teléfono se relacionan con irregulares “ratificaciones de matrícula” que varios colegios exigen a los padres de familia, sobre todo para educación inicial y primer grado de primaria.
“Algunos directores están convocando a los padres de familia para que realicen ratificación de matrícula y en ese proceso les exigen que paguen para comprar libretas o para talleres. Eso está prohibido. No hay ratificación de matrícula porque la matrícula es única”, sostuvo.
Asimismo, detalló que estas ratificaciones de matrícula también suelen servir de pretexto para realizar los cobros ilegales por concepto de Asociación de Padres de Familia (Apafas).
“A veces, el consejo directivo de la Apafa se colude con el director para hacer estos cobros ilegales porque el director no puede hacerlos directamente. Por tal motivo los cobra a través de la Apafa. Ese es el motivo para que el padre vaya al colegio y se le condicione que para ratificar la matrícula debe pagar la Apafa”, aseveró.
Tenorio indicó que las denuncias recibidas son atribuidas principalmente a instituciones educativas de los distritos de Villa María del Triunfo, Comas, San Marín de Porres e Independencia.
Luego de recibir una denuncia, detalló el funcionario, el Cader verifica su autenticidad. Posteriormente, se entrega un informe al agraviado con las recomendaciones precisas.
En caso de que las irregularidades sean comprobadas, se le indica al agraviado que presente su denuncia a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para que se realice el proceso correspondiente, que puede durar hasta 40 días hábiles.
Finalmente, se emite un informe final con la sanción contra el director o las personas que han intervenido en el proceso del cobro ilegal. Las penas aplicadas pueden ir desde una suspensión de 30 días hasta la destitución definitiva de los responsables.