En abril del 2011 se denunció que colegios, en especial particulares, obligaban a los padres de familia a comprar libros escolares “exclusivos”, pues solo podrían ser adquiridos en determinadas librerías o editoriales.
“En lista escolar adjuntaban el costo del libro y la dirección de la librería que lo vendía. Solo podíamos comprar el texto en esa librería y no en otra, pues eran exclusivos”, denunció Maura García, quien gastó el año pasado mil soles en tres ejemplares.
Estas estafas o “negociados” entre las editoriales y los colegios fueron denunciadas por los medios de comunicación. Sin embargo, ha pasado un año y nada ha cambiado.
Así lo reconoció el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación Idel Vexler, quien reveló que la investigación realizada por Indecopi y el Ministerio Público en el 2011 aún no ha dado resultados. “Ha pasado un año y no vemos resultados de la denuncia; nunca se sancionó a los responsables”, manifestó. Indecopi ha informado que ahora sí emitirá un castigo a los culpables.
Pero ¿cómo se daba este singular negocio? Muy fácil. El centro educativo solicitaba a la editorial “X” la fabricación de los textos. El precio de cada libro era de 20 soles, pero se terminaba ofertando a 80 soles. Tras un pacto, el colegio obligaba al padre de familia a adquirir el ejemplar solo en la editorial “X” al precio establecido. El colegio ganaba un bono de 25% a 30% del precio de venta de cada ejemplar.
El programa Panorama denunció que este negocio no ha parado. Esta vez la denuncia vino desde el Cusco. Se comprobó que un colegio de esa ciudad ya empezó a negociar con los representantes de conocidas editoriales. A fin de evitar esta modalidad, Indecopi publicó en su página web los precios referenciales de los textos escolares para evitar estos engaños. Sin embargo, estos costos ya incluirían la “comisión” para el colegio, según dijo una representante cusqueño de la editorial Bruño.
El congresista Jaime Delgado planteó al Ministerio de Educación emitir una directiva que obligue a los directores de los colegios privados, en un plazo de ocho días, presentar una declaración jurada de los últimos tres años en la que se precise si recibieron algún beneficio económico de las editoriales.
Claves
"La declaración jurada tendrá un efecto disuasivo, pues el director de un colegio privado pensará dos veces antes de recibir un beneficio de las editoriales por direccionar la compra de textos escolares", dijo Delgado.
"Se han dado varias leyes para erradicar esta modalidad, pero ninguna ha dado resultados", reveló Vexler.