Política
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Rechaza persecución política contra Mc Auley

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El ministro de Justicia, Víctor García Toma, señaló hoy, miércoles, que no existe persecución política contra el religioso inglés Paul Mc Auley, y señaló que dicho sacerdote debería fomentar la concordia antes de involucrarse directa o indirectamente en actos de agitación y desorden social.

Señaló que de acuerdo a ley no es permisible que el citado religioso, en su condición de residente, organice actos que lleven al desorden público en la Amazonía, razón por la cual se dispuso cancelar su residencia.

“Aquí no se le persigue políticamente a Mc Auley por su condición de sacerdote, aquí no están en juego sus ideas religiosas ni su libertad de conciencia ni la de opinión o expresión”, aclaró.

La Justicia de Maynas, Loreto, admitió hoy una medida cautelar a favor de Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL), con lo que se suspende el cumplimiento de la medida que dispuso cancelar su residencia, hasta que los tribunales se pronuncien sobre una acción de amparo y un recurso de hábeas corpus.

“Que fomente la concordia y no promueva directa o indirectamente con sus actos a desordenes, a violencia o agitación que pudieran derivarse en acciones políticas. Esa es la razón por la que el ministerio de Interior adoptó la decisión que ha adoptado”, manifestó García Toma.

A Mc Auley se le atribuye violar la ley al participar en manifestaciones ambientalistas en la Amazonía en las que habría soliviantado a los nativos amazónicos contra el ejecutivo.

La defensa del religioso plantea que el británico participó en marchas pacíficas, en ejercicio de sus derechos, sin alterar el orden público ni atentar contra la seguridad nacional e interna.

Caso Berenson

En otro momento, García Toma, aclaró hoy que la actual administración gubernamental tiene claro que las responsabilidades pecuniarias derivadas de procesos en donde los beneficiarios son terroristas, ocupan el último lugar en los que se refiere al pago.

“Cuando hay necesidad de priorizar los pagos derivados por mandatos judiciales los temas vinculados a terrorismo ocupan el último lugar. Entendemos que hay otras prioridades que el Estado debe atender”, remarcó García Toma en declaraciones a la prensa.

Se refirió de esta manera al pago de 30 mil dólares efectuado por el Estado peruano a favor de la norteamericana Lori Berenson, merced a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dictó en el 2004.

Tras expresar su indignación por esta medida, García Toma reconoció que cualquier gobierno de aquí en adelante está en la imposibilidad de anular los mandatos judiciales.

“Más aun cuando ya han sido cumplidos y satisfechos (los pagos) por administraciones anteriores”, insistió.

Recordó, en tal sentido, que el pago a favor de la sentenciada por terrorismo se efectuó recién el 15 de marzo del 2006, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.

García Toma brindó declaraciones a la prensa luego de inaugurar esta mañana la reunión anual de los coordinadores nacionales que evalúan el informe que se debatirá en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos a realizarse el 21 y 22 de octubre próximo en Ciudad de México.

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