Cuento chino

Por Roberto Ochoa B.
Editor de ANDARES

En febrero de 1992 la maderera Incafor simuló un atentado terrorista en su base de San Ignacio, en Cajamarca, justo cuando los comuneros se organizaban contra los abusos de la empresa y la tala indiscriminada de sus bosques.

Los jueces exculparon a los dirigentes, pero Incafor y sus políticos aliados en el gobierno fujimorista presionaron a los “jueces sin rostro” hasta que lograron acusar y sentenciar por “terrorismo” a los comuneros.Años después se supo toda la verdad, pero nadie pidió disculpas a los dirigentes por las torturas y el encarcelamiento sufrido.

Recordé este indignante caso apenas leí el inusual, por decir lo menos, ataque a la base de la minera china Río Blanco (antes la británica Majaz) instalada de manera inconstitucional a sólo 300 metros de la frontera con Ecuador. Un “ataque” que, además, se produce justo cuando se está negociando el TLC con China.

El yacimiento minero en Majaz mereció un reciente papelón internacional cuando la justicia británica sentenció a la empresa minera por la detención y tortura de los dirigentes del Alto Piura, pese a que los jueces peruanos, se hicieron de la vista gorda.

Lo curioso ahora es escuchar las reacciones en el Ejecutivo tras el supuesto atentado en Río Blanco. El propio Javier Velásquez Quesquén, después de avalar el “ataque narcoterrorista” (mismo Vrae), anunció la instalación de una base militar para proteger los intereses de la minera. ¿Protegerlos de quién? ¿De los comuneros que han decidido conservar sus fuentes primarias de agua?
Así es como El Perú Avanza.