Las elecciones regionales y locales de octubre próximo pueden dar lugar a un aumento de la conflictivibilidad social, advirtió Jorge Mansilla, comisionado de la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo
A través de la CNR, Mansilla señaló que estas situaciones de conflicto podrían centrarse en la labor que desempeñan las autoridades de las municipalidades distritales y provinciales, así como las de los gobiernos regionales.
De igual modo, pronosticó un eventual incremento de los conflictos por causas socioambientales, aunque con un tono mucho más político.
Por otra parte, resaltó que el último reporte de conflictivilidad elaborado por la Defensoría del Pueblo reporta una disminución de 17 situaciones a nivel nacional. Mansilla precisó que, luego de un año de inactividad, se ha dado de baja a 15 conflictos y los demás ya fueron resueltos a noviembre del 2009.
Indicó que, desde que la Defensoría comenzó a elaborar este tipo de informes, los conflictos socioambientales siempre han sido los más numerosos, representando a la fecha un 46% del total.
En ese contexto, precisó que su institución ha participado en 98 conflictos; 82 de dichas actuaciones tienen que ver con la supervisión preventiva, es decir, antes que el conflicto haya estallado.
Así mismo, señaló que el proceso de diálogo que lidera la Defensoría -con el acompañamiento de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)- ha permitido lograr avances concretos en temas como, por ejemplo, el diferendo entre Puno y Moquegua por el sector limítrofe de Pasto Grande.
En este caso en particular, adelantó que en el mes en curso se elaborará un cronograma de actividades de delimitación, el cual constituye un desafío al abarcar cientos de zonas ubicadas a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
Respecto a la recurrencia de protestas sociales contra la minería, el comisionado de la Defensoría del Pueblo dejó entrever que éstas se basan en el temor por los posibles efectos contaminantes de dichas actividades extractivas.
Recordó que, en 2004, su entidad remitió al Congreso un informe donde identificó las causas de este tipo particular de conflictos. Según dijo, la mayoría de veces se registran en áreas sin antecedentes mineros o por el miedo a la falta de recursos hídricos-
Finalmente, Mansilla aclaró que conflicto no equivale necesariamente a violencia. "El conflicto puede configurar una oportunidad para superar la injusticia o para que el Estado intervenga para resolver un conflicto", concluyó. (Con información de CNR)