Aunque la dirigencia del PPC recién definirá este martes su posición sobre la revocatoria a Susana Villarán, en esta nota sus regidores metropolitanos adelantan que están en contra de esa medida. Eso no impide que critiquen a la alcaldesa con dureza y demanden un cambio de rumbo. La salida de Miguel Prialé parece una respuesta a este pedido.
“¿Cómo hacer que un regidor de ‘oposición’ declare a tu favor?”, escribió el miércoles el también regidor Luis Castañeda Pardo en su cuenta en Twitter. “Invítalo a viajar a New York”. El hijo del ex alcalde de Lima se refirió así a su colega Pablo Secada, quien unos días antes había declarado su oposición a la revocatoria a Susana Villarán y había acusado a “dos idiotas”, Luis Castañeda y Álex Kouri, de impulsarla. “Con ese personaje tengo que conversar. Lo veré en la próxima sesión, bipolar @psecada”, añadió, poco después, el joven concejal, con tonito amenazante.
Más allá de los adjetivos que usó, el pronunciamiento de Secada, un economista liberal, libre de cualquier sospecha de ‘caviarismo’, fue una de las primeras señales de que los nueve regidores del PPC, a pesar de su condición de opositores implacables a la gestión edil, no sintonizaban con las fuerzas políticas que hace unos días iniciaron una campaña por sacar a Villarán de la alcaldía de Lima.
Esta semana, Domingo conversó con los regidores Alberto Valenzuela, Mónica Saravia, Jorge Villena, Óscar Ibáñez y con el propio Secada y confirmó que, en efecto, los pepecistas son opositores y fiscalizadores pero no revocadores. Y aunque algunos de ellos están, en términos generales, de acuerdo con los procesos de revocatoria porque los consideran un derecho ciudadano, también sostienen que no hay razones para tratar de tumbarse a la actual gestión edil y que la alcaldesa debe culminar, bien o mal, su periodo.
Institucionalistas
“Nosotros nunca hemos sido golpistas ni nada por el estilo”, dice Alberto Valenzuela. Se trata de uno de los más duros fiscalizadores de la gestión de Fuerza Social, autor de la denuncia sobre la supuesta venta irregular de terrenos de la comuna (aclarada después por los funcionarios ediles). Valenzuela dice que su partido defiende la institucionalidad y la gobernabilidad del municipio. “La revocatoria es un proceso legítimo, de participación ciudadana. Pero creemos que en esta coyuntura la señora Susana Villarán todavía tiene la oportunidad de hacer algunos cambios en su equipo que le ayuden a enderezar el rumbo”, afirma.
Una posición similar sostiene Jorge Villena. El joven ingeniero agrónomo, ex secretario general de Doctrina del PPC, señala que un proceso de revocatoria se justificaría en caso de un evidente acto de corrupción, que no es el caso. “Si eso ocurriese, nosotros no apoyaríamos (el proceso) por detrás sino que lo impulsaríamos abiertamente, dando la cara”.
La regidora Mónica Saravia también está, en líneas generales, de acuerdo con el derecho ciudadano a revocar a las autoridades que no las satisfacen. Pero, como Valenzuela, observa que en este caso se podría vulnerar la institucionalidad. “Nosotros no vamos a criticar a los ciudadanos que quieren ejercer el derecho a la revocatoria, pero no la apoyamos”, dice.
Las razones de Óscar Ibáñez para discrepar de esta medida son parecidas a las de Villena: no estamos ante un escándalo de corrupción. “Una revocatoria por supuesta ineficiencia me parece un exceso; los limeños eligieron a Villarán por cuatro años y al final del periodo pueden decidir si votan o no por alguien de ese partido”.
Susana, tus errores
Así como son claros en marcar distancia de la revocatoria, los pepecistas también señalan con firmeza los errores de la alcaldesa y la necesidad de que, a su juicio, haya un cambio de rumbo. “A la señora Villarán le tengo estima, me parece una persona excelente, pero mi juicio no es personal sino político: le falta muchísimo liderazgo y se ha rodeado de gente sin experiencia, fuertemente ideologizados”, dice Villena. “Su mayor pecado es la soberbia, es hacer oídos sordos a las críticas”, indica Saravia. “Tiene un equipo muy incapaz”, apunta Ibáñez.
El 28 de diciembre, los pepecistas pidieron en sesión de concejo que la burgomaestre les retire la confianza a Miguel Prialé, Augusto Ortiz de Zevallos y Rafael López a causa de la metida de pata de La Herradura. La moción fue rechazada gracias a los votos de la mayoría de Fuerza Social. Sin embargo, el último jueves, Prialé, gerente municipal, fue removido del cargo. “Es lo mejor para la ciudad”, dice Alberto Valenzuela. “Es una manera de darle un refresco político y de mejorar la gestión. Veamos los siguientes cambios”.
Según fuentes municipales, la salida de Prialé fue “una concesión” a las presiones simultáneas de “la derecha pepecista” y de “grupúsculos de izquierda entre los que hay algunos regidores conocidos”. El ex gerente municipal era uno de los funcionarios que Pablo Secada, a diferencia del resto de su bancada, creía que no debían salir. Para el economista, “el problema de Villarán no era Miguel, su problema es político; tiene que abrir más el juego en el concejo, reconocer sus errores, ceder un poco”. La salida de Prialé puede ser un gesto político para apaciguar a los críticos. La recolección de firmas para revocarla continuará. Pero los pepecistas, menos ahora, no se sumarán a ese juego.