Liliana Rojas.
Casi siete años después de que 28 campesinos de Piura fueron cruelmente torturados por participar en una marcha pacífica contra el proyecto minero Río Blanco, la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba formuló ayer acusación contra 14 policías (entre ellos dos coroneles) que, supuestamente, aprovechando su condición de autoridad colaboraron en la comisión del delito.
Los campesinos fueron torturados del 1 al 3 de agosto del 2005 en las instalaciones de la minera, hasta donde fueron conducidos por quienes los mantenían cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la Policía Nacional, ejecutivos y trabajadores de Río Blanco Copper SA (ex minera Majaz) y de la empresa de seguridad privada Forza.
Por esta razón, a la fecha existen dos investigaciones penales, una seguida contra dos coroneles y otros 12 policías, respecto de la cual la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba ha formulado acusación; y otra a punto de que termine la etapa de investigación preliminar seguida contra dos generales y más de 300 suboficiales, así como ejecutivos y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de Forza.
En la segunda investigación, además, están imputados dos médicos por haber expedido certificados falsos que ocultaron los sufrimientos físicos y mentales a los que fueron sometidos los comuneros.
Antes de ser secuestrados y sometidos a torturas, los comuneros, en su mayoría procedentes de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, que iban a ser directamente afectadas por el proyecto minero, fueron cruelmente golpeados durante los enfrentamientos sostenidos con la policía. Un comunero murió en esos choques.
PRUEBAS
La empresa minera y Forza negaron toda responsabilidad en los hechos, pero fotografías entregadas en el 2009 a los pobladores de Huancabamba y publicadas por La República revelaron la magnitud de la barbarie a la que habían sido sometidas las 28 personas en las instalaciones de Río Blanco Copper S.A.
A fines del 2009, Monterrico Metals PLc, empresa británica propietaria de Río Blanco Cooper, aceptó indemnizar a los 28 campesinos secuestrados y torturados, así como a los familiares del comunero muerto, para evitar un juicio en las altas Cortes Británicas, a las que habían acudido las víctimas.
La denuncia contra los policías ahora acusados fue presentada ese mismo año por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Fedepaz, que brinda asistencia legal a las víctimas y sus familiares.
En su acusación, la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba sostiene que los 14 policías cometieron delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, en agravio de los 28 campesinos. En esa línea, solicita se les imponga 10 años de pena privativa de la libertad a cada uno y se ordene el pago de S/. 10.000,00 por concepto de reparación para cada agraviado.
ACUSADOS
1. Luis Alberto Neyra Barba
2. Aladzeme Raymundo León Prado
3. Alejandro Elmy Ochoa Suni
4. Rubén López Pinedo
5. Quintin Leonardo Romero Ramos
6. Amadeo Valdivia Cáceres
7. Manuel Darío Martínez Arroyo
8. Wilmer Inga Casas
9. Francisco Rivera Mija
10. Aurelio Valladolid Terrones
11.Julio César Quispe Díaz
12. William Jorge Ventura Mendoza
13. Sergio Roman Quispe Yupanqui
14. Félix Florencio Alvarez Mendoza
