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Si 'Consulta Previa' no llega a un acuerdo, el Estado tiene la última palabra

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Decisión no debe violar derechos de los indígenas . Viceministerio de Interculturalidad encargado de implementar Ley de Consulta Previa. El reglamento será vital en la solución de los conflictos sociales. Infografía: Estos son todos los actores involucrados en el proceso de la Consulta Previa.

Rocío Maldonado.

Tras la promulgación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, en el marco del Convenio 169 de la OIT, queda pendiente su implementación, la cual ha sido encargada al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Este viceministerio, órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo para la presente ley, tendrá como tarea principal elaborar un reglamento que precise el procedimiento de consulta que consta de siete etapas, según lo establece la norma promulgada el martes en Bagua. (Ver infografía).

El quién liderará el proceso y cómo y en cuánto tiempo se desarrollará son detalles que, entre otros, se deben definir en los próximos meses. Pero la interrogante principal que se plantea es qué sucederá en caso no se llegue a ningún acuerdo tras la consulta.
Decisión final es del Estado

Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Pedro Martínez, es enfático en señalar que la consulta no tiene carácter vinculante y que, ante algún diferendo, al Estado le corresponde hacer la compensación necesaria al pueblo originario para que la actividad minera o de otra índole se pueda realizar.

Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subraya que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades cuando se trata de la vida, la salud y la protección del medio ambiente.

“Eso tiene que ser vinculante”, afirmó el líder indígena, quien insistió en que se debe contar con el consentimiento de los pueblos para el desarrollo de cualquier actividad que los afecte.

¿Quién tiene la razón? Hernán Coronado Chueca, asesor legal del Centro Amazónico de Antropología Práctica (CAAP), refiere que la ley es clara, pues señala que al Estado le corresponde tomar la decisión final, pero que nunca esa resolución puede violar el derecho de los pueblos indígenas.

“Estamos acostumbrados a que el Estado puede hacer cualquier cosa, pero las decisiones tienen que tomarse respetando y no violando derechos”, afirma.

Juan Carlos Ruiz, abogado constitucional de IDL, coincide con esta posición y añade que la consulta no es para que el Estado sepa qué piensan los pueblos indígenas, sino para buscar un acuerdo.

“El Estado tiene la última palabra, pero respetando el derecho de los pueblos indígenas al territorio, medioambiente, recursos naturales, etc.”, indicó.

No obstante, precisa que por excepción se requiere el consentimiento de los pueblos originarios, y no solo de la consulta, cuando una medida legislativa o administrativa supone el desplazamiento de su territorio con el riesgo de su extinción.

“Si se pone en peligro la subsistencia de un pueblo indígena, entonces necesitas de su consentimiento. Es un deber del Estado proteger la multiculturalidad”, subraya el experto.

Ley para nativos y campesinos

Los pueblos indígenas u originarios en el Perú se identifican como comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos. Las denominaciones empleadas no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos, según precisa la ley.

En el Perú existen 1,447 comunidades nativas inscritas (ubicadas principalmente en la amazonía), las cuales agrupan a 52 mil 603 familias. Del total de comunidades nativas inscritas, 1,265 están tituladas por Cofopri y ocupan un área de 10 millones 969 mil 563,6 hectáreas.

Las comunidades campesinas reconocidas son 6,068 (gran parte ubicadas en la sierra y el altiplano), en las que viven 1 millón 100 mil 255 familias. De ellas, 5 mil 105 están tituladas y la suma del área que ocupan es de 23 millones 481 mil 323, 6 hectáreas.

Leonidas Gómez Arce, del área de Defensa y Consulta del Indepa, dijo que es necesario establecer un procedimiento para identificar a los pueblos originarios, en el marco del convenio de 169, porque no todas las que se dicen comunidades indígenas o campesinas se ajustan a los criterios establecidos en la ley. Señaló también que el viceministerio de Interculturalidad y las instituciones del Estado involucradas deberán uniformar criterios para desarrollar el reglamento.

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