Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro, desaparecido en la matanza de La Cantuta (1992) mostró su indignación por la promulgación del decreto 1097, el cual declara la prescriptibilidad en violaciones a los derechos humanos. AGP: no beneficia violadores de DDHH
Amaro expresó que los familiares de las víctimas por la violencia política exigen que estos dispositivos sean derogados, pues resulta inaceptable que miembros del Grupo Colina se acojan a beneficios de este tipo.
A su turno, el fiscal supremo adjunto Avelino Guillen reafirmó que el Decreto Legislativo 1097 es una "ley de amnistía", pues busca la impunidad de personas que estan sometidas a procesos de derechos humanos y exonerarlos de la sanción respectiva.
Guillén aclaró que este dispositivo solamente favorece a militares implicados en estos graves hechos, mas no para aquellos que lucharon contra el terrorismo durante las dos décadas de violencia política. (Con información de CNR)