El presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, participó, el jueves y viernes últimos, en el XIV Encuentro de la jurisdicción ordinaria “Alfonso Reyes Echandía”, en la ciudad colombiana de Ibagué.
San Martín expuso acerca del papel de la Corte Suprema de Justicia del Perú y de sus jueces frente a la democracia. Sobre el mismo tema disertaron también el titular de la Corte Suprema de Panamá, Aníbal Salas, y del Consejo General del Poder Judicial de España, Carlos Dívar.
Actual inestabilidad e ilegalidad tiene origen en el ilegal Decreto Ley 25418, emitida por Fujimori para dar el Golpe de Estado 04-05-92, acto doloso que tiene secuestrado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, que ilicitamente fue consentida por la OEA el 18-05-92 en reunion de Las Bahamas, que autorizo al golpista creara y actuara bajo su ilegal reglamento dictatorial (constitucion 1993) de Fujimori, que en turno obedecieron designados sediciosos usurpadores Paniagua -Toledo- Garcia, quienes omitieron dar cumplimiento de los coercitivos articulos 82 y 307 de la Constitucion 1979 vigente orden juridico con supremacia y soberania, imprescriptible, insustituible, insuspendible e inderogable, que Ollanta Humala juro ante el pais el 28-07-11, acto juridico que obliga al presidente en ejercicio a derogar el ilegal Decreto Ley 25418, a efecto de sacar de la ignominia, falacia, inmoralidad, ilegalidad y lignum crucis al pais, y del secuestro a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, y restablecer el estado de derecho y la democracia, y el ejercicio pleno del derecho facultativo de votar, siendo los procuradores en ejercicio con inoxerable obligacion constitucional y moral de perseguir de oficio el enriquecimiento ilicito y incautar los bienes de los transgresores, asi dentro de la legalidad extirpar la corrupcion=anticorrupcion e impunidad y procesar a los golpistas por traicion a la patria, por los crimenes de lesa humanidad y sistematicos fraudes al erario publico, y con amparo de la legalidad dar estabilidad a la inversion y gobernabilidad al pais, y otorgar garantia de seguridad juridica a los tratados, convenios, bonos soberanos, reperfilamiento de la deuda externa, ahorros y al debido proceso en los procesos judicial y administrativo.
