El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificó a la doctora Angela Báscones Gómez-Velásquez como jueza titular de la Corte Superior de Lima, luego de evaluar su desempeño jurisdiccional de los últimos siete años.
Angela Báscones integró uno de los juzgados especiales de Lima que investigó a la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Actualmente labora como jueza superior provisional de una de las Salas Superiores de la Corte de Lima.
Actual inestabilidad e ilegalidad tiene origen en el ilegal Decreto Ley 25418, emitida por Fujimori para dar el Golpe de Estado 04-05-92, acto doloso que tiene secuestrado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, que ilicitamente fue consentida por la OEA el 18-05-92 en reunion de Las Bahamas, autorizando al golpista creara y actuara bajo su ilegal reglamento dictatorial (constitucion 1993) de Fujimori, que en turno obedecieron designados sediciosos usurpadores Paniagua -Toledo- Garcia, quienes omitieron dar cumplimiento a inoxerable e coercitivo articulos 82 y 307 de la Constitucion 1979 vigente orden juridico con supremacia y soberania, imprescriptible, insustituible, insuspendible e inderogable, que Ollanta Humala juro ante el pais el 28-07-11, acto juridico que obliga al presidente en ejercicio a derogar el ilegal Decreto Ley 25418, para efecto de sacar de la ignominia, falacia, inmoralidad, ilegalidad y lignum crucis al pais, y del secuestro a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, y restablecer el estado de derecho y la democracia, y el ejercicio pleno del derecho facultativo de votar, siendo los procuradores en ejercicio los que tienen obligacion constitucional y moral de perseguir de oficio el enriquecimiento ilicito, incautando los bienes de los transgresores, asi dentro de la legalidad extirpar la corrupcion e impunidad y procesar a los golpistas por traicion a la patria, por crimenes de lesa humanidad y sistematicos fraudes al erario publico, y con amparo de la legalidad dar estabilidad a la inversion y gobernabilidad al pais, y otorgar garantia de seguridad juridica a los tratados, convenios, bonos soberanos, reperfilamiento de la deuda externa, ahorros y al debido proceso en los procesos judicial y administrativo.
