La difusión de una fotografía del desaparecido mayor PNP Felipe Bazán en manos de los nativos recordó que la herida del conflicto amazónico sigue abierta. Esta revelación gubernamental coincide con el informe que responsabiliza a los pobladores indígenas de haber iniciado el enfrentamiento en “La Curva del Diablo”, en Bagua. Tras 20 días de haberse publicado este texto, los comisionados muestran posiciones contradictorias. Aquí sus versiones.
Por Ghiovani Hinojosa
El mundo entero se ha topado en los últimos días con lo medular de la problemática amazónica peruana desde las butacas de los cines: “Avatar”, el reciente éxito dirigido por James Cameron, narra el alucinante enfrentamiento entre los Na’vi, una etnia indígena de humanoides que vive en íntima consonancia con la naturaleza, y un colectivo científico-militar de humanos que busca extraer los minerales preciados que duermen bajo el suelo nativo. Si bien los pobladores de nuestra selva no tienen la piel azulina –como los personajes de la película–, comparten con ellos la rabia de ver que sus tierras son observadas con irrefrenable ambición por empresarios que vienen del otro lado del planeta y que no están dispuestos a respetar cabalmente sus modos de vida. Una situación que dio lugar al “Baguazo” en junio pasado.
Más allá del carácter forzado de comulgar ficción y realidad, esta comparación nos introduce en un asunto verdadero y dramático: la polémica que ha generado la labor de la Comisión Especial encargada de investigar y analizar los sucesos en Bagua (CEI), cuyo informe final, presentado el 21 de diciembre, ha generado casi por igual adhesión y rechazo. La incapacidad para lograr consenso de parte de los comisionados –dos de ellos no firmaron la versión última– de este grupo de trabajo los refleja como protagonistas de una fábula que enardece al país.
Cuestionamientos
La religiosa María del Carmen Gómez, junto con el dirigente amazónico Jesús Manacés, presidente de la CEI, no firmó el informe en mayoría presentado por este grupo luego de tres meses de trabajo (el documento fue suscrito por las ex ministras Pilar Mazzetti y Susana Pinilla, el sociólogo Manuel Bernales Alvarado y el sacerdote dominico Ricardo Álvarez Lobo, este último con observaciones. El abogado Walter Gutiérrez, el sétimo comisionado, renunció). Ella asegura que las conclusiones a las que arribó el texto oficial muestran un sesgo en contra de los nativos, y reflejan la opinión personal de algunos comisionados, en vez de ofrecer el resultado del análisis de los testimonios y documentos recogidos durante los dos viajes que la CEI hizo a la zona del conflicto. Esto se debe, afirma, a la premura con la que se redactó los seis capítulos que conforman el polémico informe.
La hermana María del Carmen argumenta su posición con dos ejemplos. Primero, que en la página 81 del documento, en la parte referida a las causas del enfrentamiento entre protestantes indígenas y policías en “La Curva del Diablo”, se afirma: “Los policías no atacaron a los nativos, son los nativos los que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro acorralándolos y ellos los repelen con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados y en defensa propia disparan, siendo rebasados por la masa”. Esta afirmación, según la comisionada, privilegia los testimonios policiales y omite las versiones de algunos pobladores. La religiosa lee, como muestra, la transcripción del relato de un lugareño llamado Lucio que atestiguó el inicio del enfrentamiento en la madrugada del 5 de junio y se presentó ante la Comisión a inicios de diciembre pasado.
“Cuando estuvimos gritando, ellos nos insultaron, y nosotros también empezamos a insultarlos. En eso, viene una bala del otro grupo que lo había herido a un compañero que estaba a mi lado izquierdo. Mis compañeros decían ‘esas son balas de juego, no pasa nada’. Entonces, nuevamente tiraron en la pierna a otro compañero, también que estaba al lado izquierdo. Yo les dije: ‘No es bala de juego, están hiriendo, perforando a las personas’. En eso, enseguida, viene una bala que le cogió parte del brazo y le introdujo por el costado, por donde es la costilla, e inmediatamente lo tumbó. ‘Ustedes, compañeros, que me están diciendo que es bala de juego, esto no es bala de juego, ya lo mató’, grité. Cuando dije eso, era para mí cogerlo ese cadáver y regresar hasta la pista, y como ya había visto a dos heridos más, eso a mí me asustó de verdad”, relata Lucio. Así, no se trataría de policías pasivos que fueron sorprendidos por nativos armados hasta los dientes. En todo caso, sostiene la religiosa, el Poder Judicial es el encargado de determinar esto; pero la conclusión de la página 81 es incomprensible, sobre todo si se considera que en la cronología del informe hay versiones diferentes sobre este hecho. En otras palabras: no hubo el consenso que justifique la idea de que los policías estuvieron a la defensiva en este episodio.
Segundo, según María del Carmen Goméz, se tergiversó el testimonio del monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo de Jaén.
Ella lo explica: en la primera parte del relato del religioso, este pide a un general policial apellidado Uribe que se retrase el operativo policial de “limpieza” de la carretera con el fin de conversar con los apus y deponer la medida de fuerza, a lo que él responde que “no podía disponer (…) todo dependía de lo que dijeran desde Lima”. “Esto confirma que la orden del operativo estaba dada desde la capital”, remarca María del Carmen. Por otro lado, al final del testimonio –y de modo secundario– el monseñor cuenta que “el presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, que nos acompañaba atrás, en la tolva de la camioneta, dijo ‘queremos, general, que se caiga el presidente de la República y el gobierno’”. “El informe final de la CEI nombra esta parte dos veces para asegurar que dentro de la movilización había organizaciones que tenían su propia agenda política”. Así, agrega, se saca de contexto la declaración de una persona que se utiliza para reforzar una opinión personal.
Otros cuestionamientos contra el informe final lanzados desde distintos frentes son: haber afirmado en la página 81 que una deficiencia en el operativo policial fue el “equipamiento limitado” (el relator de las Naciones Unidas, luego de revisar la documentación técnica del operativo, afirmó que hubo una desproporción entre la fuerza utilizada por los cuerpos armados y la población desarmada), y haber hecho graves imputaciones a organizaciones sociales y personas sin citarlas para tener sus descargos (por ejemplo, a Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú, se le atribuyó en la página 31 haber secuestrado junto con otros indígenas a seis trabajadores de la minera Afrodita, cuando, según la hermana María del Carmen, no se entrevistó al implicado).
Nuestra misión: las causas
El padre Ricardo Álvarez Lobo, quien es aludido por algunas personas como el comisionado más imparcial del grupo de trabajo de Bagua, luce realmente furioso. Si bien respalda el informe final, él lo firmó con algunas reservas (presentó dos hojas con observaciones que están consignadas al final del documento y que insisten, por ejemplo, en la responsabilidad política de la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz por haber asegurado durante las protestas que, si no se derogaban los decretos legislativos sobre las tierras amazónicas, la firma del TLC con Estados Unidos corría el peligro de truncarse, algo que finalmente no ocurrió). Este sacerdote cree que hay aspectos muy positivos en el documento final, por ejemplo el capítulo de las recomendaciones, en el que se pide que las compañías extractivas lleguen a un acuerdo sistemático con los pobladores nativos para la obtención de beneficios sociales.
Según él, hay que partir de la premisa de que la CEI no tenía el mandato de hallar a los responsables del ‘Baguazo’ –quién disparó primero y cuántos han muerto, ya que eso lo debe hacer el Poder Judicial–, sino el de detallar las causas del estallido de la violencia. Así, recuerda que en el texto final se dedica varios párrafos a la explicación de los factores estructurales de pobreza y exclusión socioeconómica de las comunidades amazónicas. Álvarez Lobo desmiente, además, la acusación de la hermana María del Carmen Gómez y Jesús Manacés en el sentido de que “no es posible aceptar como principal causa de la protesta que los indígenas no ‘comprendieron bien’ los decretos legislativos (…)”. Una revisión somera del informe final revela que, en efecto, esta aseveración no es exacta.
Si bien existe un ambiente de enfrentamiento entre estos dos comisionados, también es posible percibir que se trata de personas bien intencionadas que, a su modo, se sienten comprometidas con la verdad de este caso. Por el momento, se sabe que en las próximas semanas se presentará un informe alternativo de los sucesos. Como sea, es positivo que la problemática selvática se visibilice en la agenda política, mediática, del país.
El video de Bazán
La hermana María del Carmen Gómez cuestiona que el informe final sugiera la idea de que el Vicariato de Jaén manipuló el video en el que se ve cómo apresan al mayor Felipe Bazán con el fin de encubrir la responsabilidad de los indígenas. Ella destaca que en ese episodio murieron 5 pobladores nativos, cuyos nombres no figuran en el documento oficial, y que la Comisión no llamó a algún representante del Vicariato para que responda esta acusación. ¿Qué dirán el resto de integrantes del grupo?
“Yo fui el más preocupado de todos”
Jesús Manacés
Presidente de la Comisión Especial que investigó y analizó los sucesos en Bagua.
¿Por qué no suscribió el informe final de la Comisión?
Porque la gran mayoría de la responsabilidad se quiso atribuir a los protestantes de los pueblos amazónicos, haciendo creer a la opinión pública que estamos siendo utilizados por otras personas. Esto es un insulto al pueblo. Se ha hablado mucho de reconciliación, pero cada quien debe reconocer su error y enmendarse. No se está dejando en claro la responsabilidad política de algunos ministros, por ejemplo la de la entonces titular del Mincetur Mercedes Aráoz.
Pero las observaciones del padre Alvarez Lobo sí la aluden en ese sentido.
Pero el informe presentado no ha sido discutido. Yo intenté que todo el trabajo se revise para que discutamos los fragmentos a quitar o agregar. Lo hice el domingo 21 ante los comisionados. Pero como no se quiso hacer esto, yo dije ‘así no firmo ningún documento’.
¿Algún comisionado lo respaldó en este pedido?
Creo que todos estaban desesperados por entregar el documento. Sinceramente, yo fui el más preocupado de todos porque quería que el informe aclare algunas dudas de la opinión pública sobre el conflicto.
Un asesor de la Comisión cuenta que él, junto con algunos comisionados, fueron a buscarlo ese domingo a su hotel, le entregaron un copia de la versión final y le plantearon discutirla en ese mismo momento.
Efectivamente, llegaron a buscarme. Y querían que revisara y firmara el informe en ese instante. Pero no era posible porque recién acabábamos de terminar, y en esas condiciones no íbamos a intentar resolver este problema. Yo les propuse que descansáramos por la tarde y que discutamos el documento por la noche. Pero ellos lo querían presentar de una vez.
Se afirma que usted se fue raudamente junto con unos abogados de Aidesep al local de esa institución, que queda muy cerca a su hotel. ¿Buscó consultar con ellos su respaldo o rechazo al documento?
No me acompañaron abogados de Aidesep, sino personas que tenían que discutir conmigo otros asuntos. Tampoco llevé el informe para consultarlo con ellos.
Se dice que la carta de 43 puntos dirigida al ministro de Agricultura que presentaron la hermana María del Carmen Gómez y usted en rechazo al informe final fue elaborada por el Instituto de Defensa Legal.
Eso no es cierto. Hasta cuándo vamos a seguir pensando que los indígenas no tenemos capacidad de raciocinio.
Datos
5 horas de grabaciones de audio registradas en el distrito de Cenepa en lengua awajún correspondientes al segundo viaje están todavía sin ser transcritas y traducidas, según la hermana María del Carmen Gómez.