Entrevista/Carlos Rivera. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) advierte que pedido de facultades legislativas busca cerrar los procesos por crímenes de lesa humanidad.
María Elena Castillo.
Se ha formalizado la delegación de facultades para legislar sobre el Código de Justicia Militar Policial y el uso de la fuerza, pero además sobre normas para militares acusados de violaciones de derechos humanos. ¿Qué le parece?
Que el Ejecutivo está trabajando una suerte de solución definitiva, final, para los casos de violación de derechos humanos, lo que parece ser el fondo del asunto. No era parte del pedido de delegación de facultades y se organizó una suerte de contrabando para meter el tema. Lo introducen en el último párrafo del dictamen y en ninguna otra parte hablan sobre ello.
¿Cómo piensan hacerlo?
La última campaña de Rey no ha sido un exabrupto, sino una campaña articulada desde el Ejecutivo, para liquidar los casos de violaciones de derechos humanos ya que se acerca el fin del gobierno. Probablemente quieren establecer mecanismos legales para el presidente y vicepresidente de la República, que tienen un asunto pendiente por El Frontón, pues aunque no los han incluido temen que la acción de la justicia pueda revertir esa situación. Y finalmente, apuntan a establecer mejoras significativas para lograr la liberación de Alberto Fujimori.
Varios ministros han asegurado que no habrá amnistía…
Hay muchas maneras de hacerlo, primero con el ablandamiento absoluto de las condiciones penitenciarias, que pueden terminar en su liberación.
Tampoco hay muchos militares detenidos…
Al inicio de las investigaciones se dictaron órdenes de detención contra militares pero se capturaron a muy pocos. Ahora, la regla es que los juicios por derechos humanos sean bajo comparecencia, solo dictan orden de detención a los que no se presentan o se ausentan de los juicios. Aún así intentan ablandar más el régimen de internamiento. Hemos visto que un grupo de ellos están en un penal de mujeres, con un régimen de mínima seguridad.
¿Por qué buscan más normas si los juzgados han absuelto a la mayor parte de los acusados?
Las cifras de la Sala Penal Nacional señalan que el 85% ha sido absuelto, pero eso no es suficiente para ellos. La experiencia les ha demostrado que si existe un caso de derechos humanos es como una puerta abierta para la verdad y la justicia y se puede convertir en una piedra grande en el zapato.
Aún así no pueden cortar las investigaciones ni procesos…
Podrían establecer algún límite de tiempo en el juzgamiento, con lo cual muchos casos se van a caer porque son complejos. Pero nosotros vamos a recurrir a todas las acciones legales para evitar im punidad, si es necesario acudiremos al sistema interamericano.
“El Congreso puede delegar, no abdicar a legislar”
Tampoco está de acuerdo con delegación de facultades para ver el Código de Justicia Militar y el uso de la fuerza…
El Congreso puede delegar pero no puede abdicar a legislar, como hace ahora. Se puede delegar facultades cuando se trata de materias estrictamente técnicas, que el Congreso fundamenta por qué no puede legislar. Pero el Código de Justicia Militar Policial, que fue dado por el Congreso, lo mismo que la Ley de Uso de la Fuerza, son materias que son perfectamente legislables por el Parlamento.
¿Le parece extraño que el Ministerio de Defensa haya pedido la delegación de facultades?
Sí, el Ministerio de Justicia hubiera sido el llamado a hacer la propuesta, porque se habla de normas de carácter procesal y penitenciario, y en el último caso es de ámbito exclusivo de Justicia.