Acogiéndose al DL 1097, Santiago Martin Rivas solicitó al juez César Vásquez Arana el archivamiento de la instrucción que se le sigue por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada en caso La Cantuta.
“En el escrito, Martin Rivas señala que debe sobreseerse la causa al haberse excedido el plazo de 14 meses de instrucción”, sostuvo Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Martin Rivas agrega, además, que el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, así como la obligación de sancionar a los responsable, no debe prevalecer sobre sus derechos.
¿Otros beneficiados por DL 1097?
Igual pedido lo formuló Rogelio Carbajal García, uno de los miembros del grupo Colina y hombre de confianza de Martin Rivas.
Santiago Martín Rivas viene siendo procesado por los crímenes de La Cantuta junto a Luis Pérez Documet, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo, Carlos Pichilingüe Guevara y Jesús Sosa Saavedra.
“Todos ellos no pudieron ser juzgados en el primer proceso de La Cantuta porque los amparaba una sentencia del fuero militar. Posteriormente, dicha sentencia fue declarada nula recién el 2007, para luego iniciarse el proceso que actualmente solicita el archivamiento. Actualmente el proceso está pendiente de informe del Juez de al haberse vencido el plazo ampliatorio que culminara el 26 de agosto pasado”, agregó Cano.
Buscan impunidad
“Después de recorrer un camino de más de 17 años buscando justicia para el caso Cantuta, luchando contra todas las trabas impuestas, desde la protección de las altas autoridades hasta las amnistías promulgadas; después de lograr sentencias en el plano internacional para que se reabra este proceso, se pretende ahora, una vez más, la impunidad para este caso”, precisó la abogada.
A su turno, Raida Cóndor, madre del estudiante Armando Amaro Cóndor, señaló que“ como madre de uno de los estudiantes de La Cantuta me indigna mucho que Martin Rivas pida que se archive su caso. Ese hombre es el asesino de mi hijo y de muchas otras personas más. ¿Cómo es posible ahora que el gobierno de esos decretos para favorecerlos?”.
Raida Cóndor también adelantó que los familiares del caso La Cantuta se opondrán también al pedido de conmutación de pena solicitado por el miembro del grupo Colina, Wilmer Yarlequé, uno de los pocos condenados por este crimen, con una pena de 20 años de cárcel.
“Por eso, creemos que el Juez debe rechazar, de plano, la pretensión de estos miembros del grupo Colina. El estado peruano no puede aplicar medidas de impunidad como lo constituye el Decreto Legislativo 1097”, puntualizó Gloria Cano.