Polémica. Fue al comentar la denuncia periodística que da cuenta de una reunión entre Rafael Rey, Sergio Tapia (abogado de Luis Giampietri, caso el Frontón) y César Nakasaki para analizar dicha normativa antes de que fuera promulgada.
La denuncia periodística que da cuenta de una reunión, entre abogados de militares procesados por delitos de lesa humanidad y el ministro de Defensa Rafael Rey, es un elemento contundente para que el Congreso de la República derogue el paquete de decretos legislativos, entre ellos el 1097, aseveró Carlos Rivera, director adjunto del IDL.
“Creo que este [la denuncia] es un elemento que debería tener carácter definitorio para que el Congreso de la República derogue inmediatamente los decretos. Esa la principal acción que el país espera tanto del Congreso como del propio Tribunal Constitucional, que es que se deroguen los decretos ¿Por qué? Porque no es posible que se termine estableciendo un régimen excepcional y un régimen de inequidad de injusticia a favor de un grupo de policías y militares que están acusados de crímenes de lesa humanidad [respecto al Grupo Colina, el caso Frontón, entre otros]”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
Rivera Paz, recordó que el abogado Sergio Tapia, quien participó de la reunión sostenida con el titular de la cartera de Defensa, también defiende la causa de los marinos procesados por la matanza del Frontón, que es vista en el Primer Juzgado Supraprovincial de Lima.
“Sergio Tapia es una abogado que desde hace mucho tiempo está vinculado al patrocinio del vicepresidente de la República, Luis Giampietri, pero además en todo este asunto tiene un rol importante porque es el abogado de los marinos procesados por la matanza del Frontón. Por lo tanto, nos parece un hecho irregular, condenable que él termine participando en la elaboración de los decretos que van a favorecer a sus patrocinados, eso no es correcto en una democracia”, enfatizó. (Con información de Ideeleradio)