Elízabeth Prado.
A casi cuatro años de los graves sucesos de Bagua, las autoridades judiciales siguen sin poder demostrar la culpabilidad de los 53 nativos acusados de haber dado muerte a doce policías e infligir graves heridas a otros dieciocho agentes durante el desalojo de manifestantes indígenas en la zona denominada Curva del Diablo.
El dictamen fiscal se dio aun cuando todos pasaron por la prueba de absorción atómica y ninguno dio positivo, es decir, no percutaron arma de fuego. Para nueve de ellos la Fiscalía solicita penas extremas como cadena perpetua y 35 años de privación de libertad.
El juicio oral no tiene cuándo empezar. El jueves pasado, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua convocó a una audiencia para que los abogados de los imputados evalúen la solidez de la acusación fiscal, es decir, si el dictamen está enmarcado o no en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales, y en los alcances del Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116.
Sin pruebas
Durante seis horas la defensa legal analizó cada una de las ocho acusaciones referidas a instigación, lesiones graves, disturbios, obstaculización de servicios públicos, daños agravados, homicidio calificado, motín y tenencia ilegal de armas de fuego.
La veintena de abogados coincidió ante este tribunal en que los representantes del Ministerio Público no han mostrado medios probatorios que acrediten la culpabilidad de los procesados. Tampoco han individualizado el delito para cada uno de los acusados. Además, anotaron que la acusación fiscal parte de una narración errónea de los hechos.
Sobre esta última observación los abogados precisaron que la Fiscalía sostiene que la Policía desalojó a los manifestantes de la Curva del Diablo mediante el uso de gases lacrimógenos. Pero le aclaran que los propios policías sobrevivientes manifestaron que para controlar a los nativos emplearon armas de fuego de largo alcance.
Otro cuestionamiento indica que no es cierto que la madrugada del 5 de junio del año 2009, cuando se produjo el Baguazo, habían llegado cinco mil indígenas a la Curva del Diablo. Como se sabe, el paro amazónico empezó el 9 de abril de ese año y esta zona de la carretera Fernando Belaunde Terry fue tomada por los nativos de la etnia awajún-wapis, procedentes de la provincia fronteriza de Condorcanqui.
Seguirán esperando
Al concluir los alegatos y luego de las observaciones presentadas, los acusados y abogados esperaban que el presidente del tribunal, Gonzalo Zabarburú Saavedra, determinase el archivamiento del caso o que devolviese el expediente a la Fiscalía para que reformule la acusación. No fue así, el magistrado determinará si el caso va o no a juicio oral, pero lo hará más adelante en razón de la complejidad de los hechos y al número de imputados, según dijo.
Tres detenidos
Por el caso Curva del Diablo se intervino a tres indígenas: Asterio Pujupat Wachapea (36), Danny López Shawit (26) y Feliciano Cahuasa Rolin (32). Asterio Pujupat fue involucrado seis meses después del Baguazo al aparecer en una fotografía tomando de la correa al mayor PNP Felipe Bazán, oficial desaparecido hasta el momento.
El indígena lo niega: "Wika juwig wekaesachuikjai" (yo no participé), afirma en una casa alquilada en la ciudad de Bagua, en donde cumple arresto domiciliario.
En cuanto a Danny López, la Policía encontró un fusil AKM y una cacerina dentro de la ambulancia en la que huía de la balacera. Igual que Asterio, cumple arresto domiciliario en Bagua. No lo pueden hacer en sus comunidades porque la justicia teme que se escapen. Para el fin fueron obligados a alquilar casa en la ciudad.