Asesoría. Tras carta de Mariella PichilingÜe, Sousa planteó Ampliar facultades legislativas. Rafel Rey reveló que consultó con abogados César Nakazaki y Sergio Tapia la redacción de DL 1097, pero niega que sean sus asesores. Ver Carta
César Romero C.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, reconoció ayer, en conferencia de prensa, que consultó con los abogados César Nakazaki y Sergio Tapia el Decreto Legislativo 1097 que otorga una amnistía encubierta a violadores de derechos humanos.
Rey hizo ese reconocimiento ante un reportaje de IDL-Reporteros en el que se afirma que Nakazaki y Tapia dieron el 24 de agosto, antes de su presentación al Consejo de Ministros, el visto bueno al polémico decreto.
“El único que aprobaba la elaboración de estos decretos era yo, y por supuesto que he consultado cosas por teléfono con Nakazaki”, afirmó Rey. Agregó que también habló con Tapia y otras personas.
En tanto, su jefe del gabinete de asesores, Luis Cobeñas, dice que incluso los abogados del IDL le dieron ideas para elaborar la norma, lo que los organismos de DDHH niegan.
A la carta
A la declaración del ministro Rey y al informe de IDL-Reporteros debemos agregar la correspondencia entre el congresista Rolando Sousa y Mariella Pichilingüe, directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Civiles, Ronderos, Policías y Militares y hermana de Carlos Pichilingüe, subjefe del grupo Colina, a la que ha tenido acceso La República.
La historia comienza en marzo del 2010, cuando el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas por 60 días para optimizar la política de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
El pedido fue aprobado por la Comisión de Constitución sin agregados. El 30 de junio, Mariella Pichilingüe entregó una carta a Sousa, presidente de la Comisión de Justicia, pidiéndole hacer algo por los militares procesados.
Al día siguiente, 1 de junio, Sousa planteó y logró que la Comisión de Justicia incluyera delegar facultades sobre “normas procesales y penitenciarias para militares y policías procesados o condenados por violaciones de DDHH”.
El 6 de junio, Sousa remitió a Mariella la Carta Nº 040-2009-2010-CJDDHH/CR donde le dice que, en atención a su carta del 30 de junio, “logró” la aprobación de la Ley de Delegación de Facultades.
Ahora, Rey reconoce el apoyo de Nakazaki y Tapia en la elaboración del mencionado decreto. En agosto, Nakazaki, socio de Sousa, le ofreció a varios militares hacerse cargo de sus defensas en forma gratuita, lo que demostraría que algo sabía del DL 1097.
Mientras, ayer, Sergio Tapia, asesor del vicepresidente Luis Giampietri y defensor de un grupo de marinos procesados por el caso El Frontón, se presentó ante la jueza Jessica León para pedir la prescripción de ese caso. Antes ya se han denegado varios pedidos de prescripción, pero el DL 1097 abre una nueva posibilidad.
El ministro Rey niega que los abogados de los procesados de Colina influyeran en el DL 1097, y afirma que esta norma no sirve para liberar a Fujimori y el grupo Colina; pero pese a las reiterativas preguntas, no dice para qué otro militar procesado sirve esta norma.
Fujimori
Civiles. El ministro Rafael Rey no descartó que el DL 1097 se pueda usar a favor de Alberto Fujimori y, al contrario, dijo que en la parte normativa no se precisa que solo sirva para policías y militares.
Parece. No creo, no me parece (que sirva para Fujimori), pero aun así volvemos al tema de las personas. Lo importante de una norma es su coherencia y constitucionalidad, dijo Rey.
García Toma por la derogatoria
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, se mostró a favor de derogar el DL 1097. “Si eso se produce (la derogatoria) no va a brotar una sola lágrima por ese hecho, tampoco me voy a colocar un traje negro, ni voy a colocarme en situación de luto ni participaré en las exequias de ese suceso”, afirmó.
En tanto, el premier Javier Velásquez Quesquén indicó que el ministro Rafael Rey no informó al Consejo de Ministros sobre las consultas que realizó a los abogados Cesar Nakazaki y Sergio Tapia. “No, no lo conocía” dijo Velásquez y anotó que cualquier evaluación de la gestión de Rey le correspondía al presidente Alan García, pero que “cada uno asume su responsabilidad”.