Les atribuye haber incitado acciones de violencia que terminaron en la muerte de 24 policías.
Representante del Ministerio Público los acusa de aleccionar alzamiento armado de indígenas en Bagua el 5 de junio.
Doris Aguirre.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Alberto Pizango Chota, y otros cuatro dirigentes de la misma organización han sido acusados por la fiscal Silvia Sack Ramos de haber cometido el delito contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, en la modalidad de apología de la sedición y motín.
Los denunciados podrían ser condenados a hasta seis años de prisión. De acuerdo con la titular de la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Pizango y sus compañeros aleccionaron a los indígenas que protestaban contra las “leyes de la selva” a que continuaran con las acciones de fuerza, situación que derivó en el asesinato de 24 policías en Bagua.
La fiscal Silvia Sack fundamenta la acusación contra Pizango, Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña, Servando Puerta Peña, Daniel Marzano Campos y Teresita Antazu López, en que el pasado 15 de mayo dirigieron una conferencia de prensa desde el local de Aidesep en la que “emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano”.
En la misma reunión, Pizango, según la fiscal, “incitó directamente a las comunidades a cometer actos delictivos (...) y llegó a elogiar incluso los actos despleglados por miembros de las comunidades indígenas respecto a la toma de carreteras y la interrupción de las vías de comunicación”.
Protesta sangrienta
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata Fasabi, quien reemplaza a Alberto Pizango, rechazó la acusación de la fiscal Silvia Sack y atribuyó la denuncia del Ministerio Público como una nueva maniobra del gobierno de Alan García para silenciar la protesta de las comunidades indígenas amazónicas contra las “leyes de la selva”. “Detrás de nosotros, hay más dirigentes”, respondió Zapata. Para la fiscal Sack, la prueba indubitable de la comisión del delito que le atribuye a Pizango y sus coacusados es el mensaje que propalaron en la conferencia de prensa. “Los denunciados ensalzaron las actividades al margen de la ley (de los indígenas) y de esa manera incitaron subliminalmente a tomar acciones violentas para que sus reclamos sean oídos y aceptados”, argumenta la fiscal: “Luego este llamado a la violencia se materializa cuando se refiere que se ha llegado a un acuerdo para que los pueblos indígenas se declaren en insurgencia”.
La acusación de la fiscal Sack reviste gravedad cuando señala que como resultado de la apología a la sedición y el motín, se registraron acciones violentas en la Curva del Diablo y la Estación de Bombeo Nº 6, en Bagua, con un saldo de 24 policías muertos y un número indeterminado de indígenas fallecidos.
NO NOS MOVERÁN
“Se ha verificado que esta apología ha desencadenado hechos violentos como los suscitados el día cinco de junio, siendo que las comunidades campesinas y nativas se han alzado en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones”, fundamentó la fiscal Silvia Sack Ramos.
La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, señaló que la denuncia fiscal tiene como finalidad descabezar el movimiento de lucha contra las “leyes de la selva”, enviando a prisión a los dirigentes.
“Es una venganza del gobierno”, manifestó Zapata: “Los fiscales y jueces simplemente cumplen órdenes contra nuestros hermanos. Si Alan García cree que enviando a la cárcel a los dirigentes se acabará la protesta, se equivoca. Habrá otros líderes que continuarán con la lucha”.
La fiscal Silvia Sack, en un intento por sustentar su acusación, precisa que “el levantamiento no necesariamente tiene que darse con armas de fuego sino también con elementos punzocortantes, palos, etc.”.
Datos
CON TODO. La fiscal solicitó al Poder Judicial que se les trabe embargo a todos los dirigentes de Aidesep, para el pago futuro de la reparación civil.
PRECISIÓN. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmó que Alberto Pizango no está procesado por los hechos del cinco de junio, y que la orden de detención preliminar es por llamar a la sedición el 15 de mayo. Añadió que es factible que el Perú pida a Nicaragua la extradición de Pizango si este resulta procesado.
El destino de los detenidos
El Poder Judicial resolverá en las próximas horas la situación legal de 44 ciudadanos detenidos a raíz de los sucesos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio último.
Fuentes judiciales explicaron que el juez penal de Bagua, Nolberto Cabrera Barrantes, debe resolver la situación de nueve personas al vencer el plazo legal de su detención preliminar. Estos son investigados por los hechos ocurridos en el sector denominado Estación 6.
El juez Cabrera solo espera la denuncia del Ministerio Público a fin de definir la situación de los detenidos. Por otro lado, el juez de Utcubamba, Francisco Miranda Caramuti, definirá la situación legal de otros 35 ciudadanos, detenidos en el cuartel El Milagro, de Bagua, y que fueron intervenidos durante los hechos de violencia en el sector conocido como la Curva del Diablo. (Edición impresa La República)