Estudio de la organización no gubernamental Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía, asegura que las sanciones para estos crímenes no son severas.
Según Imazon, el 42% de la Amazonía está protegida legalmente contra la deforestación por ser reserva ambiental, reserva indígena o unidad de conservación. Pese a ello, cerca de 22.500 kilómetros cuadrados de áreas protegidas en la Amazonía fueron devastadas entre 2000 y 2008 por la tala ilegal de los bosques y la expansión de la agricultora y la pecuaria a áreas antes selváticas.
El documento revela además que apenas de tener un 14% de posibilidades de sanción, las personas que destruyen áreas protegidas en la mayor selva tropical del mundo saben que en la mayoría de los casos podrán sustituir su pena por castigos como la donación de alimentos. De las personas condenadas por devastar áreas protegidas en el llamado pulmón del mundo, casi la tercera parte consiguió sustituir su condena por una pena alternativa.
Tras analizar 51 procesos abiertos por la justicia brasileña por crímenes ambientales en la Amazonía entre 1997 y 2006, Imazon concluyó que 16% habían prescrito, 4% habían sido archivados por falta de pruebas y otros 66% estaban en tramitación pero a pasos muy lentos.
"Pese a que hay un esfuerzo de la policía, el Gobierno y la justicia para agilizar los procesos aún será necesario mucho tiempo para que las medidas adoptadas surtan efectos. La única salida por el momento es garantizar una vigilancia constante de las reservas ambientales", asegura el investigador Paulo Barreto, uno de los autores del estudio. (EFE)