En los extensos y grises cerros de San Juan de Lurigancho subsiste una ciudad rodeada de pobreza y miseria que numerosas familias provincianas la han convertido en su nuevo hogar. Se trata del asentamiento humano Cangallo, nombre con que también recuerdan la bella provincia ayacuchana que tuvieron que abandonar, entre los años 1980 y 2000, producto de la violencia interna, para no morir descuartizados por comandos terroristas o torturados por las Fuerzas Armadas o policiales.
Luis Neyra O.
Cangallo, sin más preámbulos, es la tierra de los “desplazados” víctimas de la violencia.
Agripina de la Cruz Cerda (79) forma parte de las 3,572 personas desplazadas que llegaron a la capital. Esta anciana mujer tenía poco más de 48 años cuando dejó el Cangallo ayacuchano junto a su hijo Edgar, en ese entonces de 9 años, luego de que un grupo de soldados se llevaran a su esposo Paulino Prado Vásquez, a quien lo acusaron de apoyar a Sendero Luminoso.
Muertes que no se olvidan
Teófila Parco Sulca (47) escapó del distrito de Paras, también en Ayacucho, tras presenciar el fusilamiento de tres profesores. “Los militares nos bajaron del micro y separaron a tres profesores. A los tres los fusilaron con los ojos vendados”, cuenta al señalar que tenía 18 años cuando fue testigo de ese cruel episodio.
Víctor Cisneros Prado (51) no olvida cómo una tarde de 1984 los terroristas asesinaron a su padre de una forma inhumana.
“Le cortaron el cuello, luego los dedos y después los genitales”, rememora este hombre que desde esa fecha no se ha atrevido a visitar la tumba de su valiente progenitor.
Y así se mueven Cangallo y otras comunidades de desplazados, entre tristes recuerdos y falsas promesas de ayuda que cada cinco años se renueva y que en términos reales se cumple a cuentagotas y con una fuerte carga de exclusión social.
Siguen excluidos
Actualmente hay 600 mil personas en situación de desplazados en todo el país. De esa cifra el 50% retornó a sus golpeadas comunidades campesinas. Sin embargo, a pesar de haber pasado 30 años de violencia y dolor, estas personas siguen siendo excluidas, como si nada hubiera cambiado.
Elmer Galván, responsable de la Dirección de Apoyo y Protección de Desplazados del Ministerio de la Mujer (Mimdes), reconoció que los desplazados vivan en la misma situación de exclusión que en los años 80, incluso antes de que se desatara la guerra interna. “El tema de exclusión no se superó a profundidad. Es una deuda que tenemos como Estado y que debemos cumplir”, indicó. ¿Y qué mecanismos se tienen que aplicar para superar esta brecha?
Para ello, según Galván, los desplazados por la violencia deben ser identificados como tales a través de una acreditación que el Mimdes ha empezado a ejecutar. Luego estar organizados para que puedan acceder a todos los programas que el Estado les ofrece.
Apoyo que tarda en llegar
Y lo que les ofrecen está suscrito en la ley que crea el “Plan integral de Reparaciones". Según el documento, existen siete planes básicos para mejorar la calidad de vida de estas personas, ya sea de forma individual o colectiva. Se trata de las reparaciones en salud, reparaciones en educación, restitución de derechos, reparaciones simbólicas. También están el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional, las reparaciones colectivas y las reparaciones económicas.
Este último ya cuenta con la aprobación del Consejo de Reparaciones y los fondos necesarios para beneficiar a 26 mil 16 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas de la Violencia (RUV). Los beneficiarios son los deudos de las personas desaparecidas, fallecidas o que hayan quedado discapacitadas. También las víctimas de violación sexual.
Solo un programa
Lamentablemente, lo que se aplica de manera directa, manifestó Galván, es la reparación en salud a través del Sistema Integral de Salud (SIS) que, como denunciaron en Cangallo, en vez de ser un programa que empiece a borrar los actos de exclusión, los agudiza. “Hace pocos días fui a la posta de Montenegro y me trataron como si fuera una terrorista”, denunció apenada Rosa Felices Quispe (37).
“La educación debe ser para los hijos y los nietos”
Los grupos de desplazados en Lima pidieron la incorporación de sus hijos y nietos dentro del programa de reparaciones en educación, que los exonera de pagos de matrículas, pensiones, derecho de ingresos. Programa que además les entrega becas integrales.
Asimismo pidieron ayuda a las municipalidades y al Ministerio de Vivienda para que los ayuden a formalizar sus propiedades.
De acuerdo a la Dirección de Apoyo y Protección de Desplazados, están por acreditar a un gran grupo de desplazados ubicados dentro de las regiones de San Martín, Cajamarca, Arequipa y Huaraz.