No todo es cárcel

En un momento en que la inseguridad preocupa a todos y se habla, otra vez, de aumentar penas y hasta de reabrir penales, algunos expertos apuestan por estrategias positivas de resocialización de los delincuentes juveniles. La idea es recuperar a los jóvenes antes de que, en esas escuelas del crimen que son las cárceles peruanas, se conviertan en los ‘Papitas’ y ‘Cholos Jacintos’ del futuro.

Por Óscar Miranda

Jacinto Aucayari Bellido era un muchacho bueno, asegura su madre. Era trabajador y quería mucho a su novia, la futura madre de sus hijos. Pero ella era menor de edad y por eso la suegra lo denunció por violación. Jacinto, menor también, terminó en ‘Maranguita’. Ocho meses bastaron para cambiarle la vida. Después se hizo miembro de Los Destructores y lideró a Los Injertos del Fundo Oquendo. Asaltó, secuestró y asesinó a sangre fría. Hoy todo el mundo lo conoce como el ‘Cholo Jacinto’ y purga una condena de 27 años de prisión. De chico era bueno, repite su madre ante las cámaras de televisión. Seguro lo era.

Juver Vargas, el presunto agresor de la pequeña Ariana Reggiardo, entró por primera vez al penal de Lurigancho a los 20 años, por robo. Salió y volvió a los 21 y lo mismo ocurrió a los 23. Volvió a salir en el 2008, a los 28 años. Ahora, el camino criminal que eligió lo ha llevado a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.

Los avezados criminales a los que nos enfrentamos a diario alguna vez fueron jóvenes. “Nos preocupamos por delincuentes de 35 años, con tres ingresos a la cárcel, pero no por los que tienen 19 años y están comenzando”, dice Leonardo Caparrós, ex presidente del INPE. Él tiene la teoría de que hay un sector, minoritario, de malhechores irrecuperables para la sociedad. Los secuestradores, los extorsionadores, esos malditos que disparan contra niños. Pero hay una gran cantidad, dentro y fuera de las cárceles, que pueden ser resocializados, sobre todo los que recién comienzan. Y en momentos como este, en los que las únicas respuestas parecen ser pedir más penas, más mano dura y más penales, las estrategias de resocialización constituyen una alternativa que mira las cosas de manera propositiva y con optimismo.

Los que reinciden

El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyó un estudio sobre el tránsito entre los centros juveniles de rehabilitación y las prisiones peruanas. De acuerdo con el documento –inédito en el Perú hasta el día de hoy–, el 18% de los internos de los penales de Lurigancho, Sarita Colonia y Santa Mónica estuvo antes en un centro juvenil. Es decir, uno de cada cinco es reincidente. Salieron de ‘Maranguita’ y de otros centros para seguir delinquiendo.

Flavio Mirella, representante de UNODC en el Perú, sostiene que el Estado debe replantear el tratamiento que les da a los adolescentes que cometen infracciones. Es un error –dice– que la primera medida a la que recurren las autoridades sea internarlos en centros juveniles cerrados, “donde reciben un trato restrictivo que tiende a estigmatizarlos y donde aprenden conductas delictivas. Eso termina convirtiéndose, al fin y al cabo, en un círculo vicioso”.

En opinión de Mirella, jueces y fiscales deben echar mano con más frecuencia de la remisión, que es la estrategia con la cual se evita que el adolescente ingrese al sistema judicial y penal –con los riesgos que ya se han descrito– y, en su lugar, se le conduzca por el buen camino de manera vigilada, asistido por profesionales y autoridades que aseguren su integración social.

“Según el estudio, el 10% de los adolescentes son internados por hurto, que es una infracción. Ese 10% podría pasar por el proceso de la remisión. Las prisiones deberían ser el último lugar al que se recurra en el caso de ciertos delitos”, asevera el representante de UNODC.

Guiar antes que castigar

El mejor ejemplo de este modelo es el programa de Justicia Juvenil Restaurativa que llevan a cabo, desde el 2005, la Fundación Tierra de Hombres y la ONG Encuentros. ¿En qué consiste? Óscar Vásquez, director del programa, lo explica: “Cuando la policía detiene a un adolescente que ha cometido una infracción, el fiscal acude con un equipo de profesionales (por lo general van un trabajador social y un psicólogo) que asumen el caso y se ocupan de dos cosas. Por un lado, de que el adolescente repare el daño que ha hecho (si robó un celular, que ofrezca disculpas y lo devuelva o, si no lo tiene, que lo pague). Y, por otro, de que se integre a la sociedad. Que regrese a la escuela si la ha dejado; si le gusta el fútbol, que se matricule en la escuela de fútbol; si le gusta la cocina, lo mismo; lo ayudamos a conseguir trabajo. La idea es que se haga responsable de lo que hace y de su vida”.

El programa nació como un piloto en los distritos de El Agustino, en Lima, y de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, pero con el tiempo se amplió a otros como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. El próximo año estará en Trujillo, Chimbote y el Callao. En estos seis años ha ayudado a más de 1.600 menores en conflicto con la ley penal, de los cuales 700 ingresaron de manera voluntaria. De esta cifra, apenas el 7% volvió a cometer infracciones. Un verdadero éxito.

“Nuestro objetivo a largo plazo es que en todas las comisarías haya un programa de atención para adolescentes que opte por la remisión. Que el Ministerio de Justicia cuente con abogados que los asistan; que el Poder Judicial haga lo mismo. Y que cuando se da la remisión, la sociedad civil colabore para que los muchachos respondan por las consecuencias de sus actos y que reflexionen sobre ellos”, explica Vásquez.

Este modelo de justicia restaurativa –alternativo al sistema de justicia retributiva, que castiga al que cometió el delito– se puede aplicar a esos muchachitos que roban celulares en las calles, a los que se agarran a pedradas, a los que arranchan carteras y a los pequeños vándalos. La remisión no se aplica cuando se cometen delitos mayores como abuso sexual y homicidio. “Ante la inseguridad se piensa que la única respuesta es poner más policías en las calles o construir más cárceles. Pero la respuesta también está en intervenir cuando el infractor todavía es joven, para evitar que inicie una carrera delictiva”, enfatiza Vásquez. Y parece tener mucha razón.

Escuelita en ‘Luri’

Dentro del sistema penitenciario también hay estrategias de resocialización que merecen aplaudirse, y expandirse. El programa Creo, por ejemplo. Se gestó como una iniciativa de un grupo de expertos del INPE y se puso en marcha en la gestión de Leonardo Caparrós, en el 2007. El objetivo: recuperar a los delincuentes a la sociedad. Pero en serio. Comenzó con un centenar de jóvenes del penal de Lurigancho, todos menores de 24 años, todos ‘primerizos’, ninguno metido en drogas. Se les ubicó en el Pabellón 16, donde, bajo un régimen disciplinario severo, recibían talleres de habilidades sociales, de pensamiento crítico, de fortalecimiento de vínculos familiares y, también, ocupacionales: costura, manualidades, cerámica. En cuatro años pasó por allí medio millar de internos. La mayoría de los que recuperaron su libertad se insertaron exitosamente en la sociedad. Trabajan y estudian sin problemas con la ley. El programa es tan exitoso que el grupo de Lurigancho se ha mudado al penal de Ancón y ahora también se aplica en los penales de Piura, Huancayo y Huánuco.

“El 25% de la población penal del Perú es menor de 25 años y las normas para ellos se han endurecido muchísimo”, dice Leonardo Caparrós. “Si un chico de 19 años cogoteó a una persona y estaba acompañado, es robo agravado y le ponen 12 años de cárcel. Ese chico ya arruinó su vida. Pero si ese chico pasa dos o tres años en prisión, se le enseña un oficio, se le enseñan reglas y a integrarse a la sociedad, su vida sería diferente. Ese es el reto”.