El titular de la comisión que investiga el caso Discover Petroleum, Daniel Abugattás, presentó el informe en minoría, cayendo en una serio de omisiones y generalidades y no sustenta por qué se debería acusar constitucionalmente a los ex ministros citados.
Natale Amprimo y Diego García Sayán declararon a una radio local que ese dictamen no señala razones claras para proceder a acusar a los ex ministros Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos; lo cual demostraría la inexistencia de hechos incriminatorios contra ellos.
Este informe considera que los ex ministros deben ser acusados constitucionalmente por una supuesta gestión de intereses a favor del empresario dominicano Fortunato Canaán, con quienes sostuvieron algunas reuniones.
Amprimo y García Sayán indicaron de después de realizar un análisis del referido documento, suscrito también por el legislador Edgar Reymundo, llegaron a la conclusión de que fue elaborado sin tomar en cuenta una serie de principios legales ni conceptos jurídicos esenciales para calificar la conducta de funcionarios públicos en supuesto actos de corrupción.
“El dictamen en minoría considera que hay infracción constitucional por parte de los ex ministros y que se habría producido una gestión de intereses, pero no dice qué tipo de gestión de intereses”, puntualizó Amprimo.
Así mismo, explicó que de acuerdo a la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, no constituye un conflicto o una falta grave que un ministro de Estado reciba a un empresario o pida a un funcionario realizar dicha tarea.
Inclusive, refirió que los dictámenes en minoría y mayoría emitidos sobre el caso coincidieron en señalar que no se produjo ningún ilícito penal por parte de los ex ministros mencionados, como consecuencia de dichas reuniones.
García Sayán opinó en el informe en minoría lanza una simple apreciación y valoración para sustentar la infracción constitucional, “por lo tanto no cabe acusar a los ex ministros por estos hechos.”
Señaló que si se produjeron reuniones entre los ex integrantes del gabinete ministerial con el empresario Canaán, lo que se debió probar fue qué actos se ejecutaron para favorecerlo, “lo cual no se ha hecho”. (Con información de Andina)