Las autoridades son masacradas en represalia por los operativos antidrogas. No hay un día en México en que no se registre un episodio sangriento vinculado al negocio de la marihuana, la cocaína o las metanfetaminas. No, no es el guión de una película de acción: es la descripción de lo que está pasando en el país azteca, donde el narcotráfico quiere imponerse a balazos.
Por Miguel Gutiérrez R.
El 60 por ciento de los crímenes se registra en el estado de Sinaloa, especialmente en la capital, Culiacán. Sinaloa es la tierra de los capos, de los Carrillo Fuentes, los Arellano Félix –que luego se desplazaron a Tijuana—y del Chapo Guzmán.
Pero los asesinatos vinculados con las mafias de la droga han comenzado a expandirse por todo el país. Ni siquiera el exclusivo balneario de Acapulco se ha salvado: los sicarios del cártel de Sinaloa, la "Mara Salvatrucha", se han impuesto como práctica secuestrar y asesinar policías y luego colocar sus cabezas aún ensangrentadas con la siguiente inscripción: "Para que aprendan a respetar".
En Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, y una de las vías de contrabando de narcóticos, cada semana son abatidos policías y los periodistas tienen prohibido mencionar en sus notas a los "Zetas", ex militares entrenados en lucha antidroga en la Escuela de las Américas y que ahora están al servicio del cártel del Golfo.
Incluso la capital federal de México se ha transformado en escenario de la guerra de las mafias. ¿Una explicación? Primero, el 80 por ciento de la marihuana consumida por un joven estudiante estadounidense proviene de México.
Segundo, la mitad de la heroína que circula en Norteamérica proviene de las plantas de amapola cultivadas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa. Tercero, el 70 por ciento de metanfetaminas consumidas en las principales discotecas de Los Ángeles se elaboran en laboratorios manejados por mexicanos que operan prácticamente en la frontera.
Los Estados Unidos, con su demanda constante de drogas, generan en gran medida los problemas de criminalidad y violencia que hoy día sacuden a México. Para poder satisfacer el mercado gringo y convertirse en los principales proveedores, los cárteles mexicanos matan y se matan entre ellos. Y, de paso, a las autoridades y policías que molestan y que protegen a sus rivales.
Durante el sexenio del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se ha contabilizado oficialmente tres mil asesinatos. Al asumir la presidencia en diciembre del 2006, Felipe Calderón dio instrucciones para frenar la violencia. Cerca de 70 mil militares salieron de sus cuarteles para cumplir funciones policiales con el objetivo de imponer el orden.
El resultado fue todo lo contrario. Los operativos militares y policiacos, así como las extradiciones de los cabecillas del narcotráfico a los Estados Unidos, terminaron por atizar más la violencia. El 2007, cuando se ordenó el despliegue del Ejército, fue el año más violento para ese país: más de 1,300 asesinatos.
Los analistas mexicanos hablan de una "narcoviolencia", mientras que el gobierno norteamericano y los principales think-tank (centros de análisis) de Washington se preguntan si México será la próxima Colombia. ¿Por qué de un tiempo a esta parte pareciera que los narcotraficantes asumen posiciones tan violentas contra las instituciones del Estado y la sociedad ?
LA POLÍTICA DE LAS MAFIAS
El periodista de investigación mexicano Ricardo Ravelo sostiene que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política creada en los años 40 por el Partido Revolucionario Institucionalizado (PRI), fue la que concedía las plazas y las rutas a los cabecillas del crimen organizado.
"En aquellos tiempos, esos jefes policiales les decían: ‘No te pases de listo, hijo de puta. Esta es tu zona. Si invades otro territorio, te rompemos la madre’. Aquella era la expresión más elocuente del control y de cómo se ejercía el poder entre la mafia policiaca, cuya cabeza era el jefe de la DFS, quien dependía del secretario de Gobernación y este, a su vez, recibía órdenes del jefe de la mafia: el presidente de la República", relata Ravello en su libro "Herencia maldita: el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico".
De la misma opinión es el analista mexicano Luis Astorga Almanza, quien sostiene que la relación entre el poder político y los traficantes ha pasado por varias etapas caracterizadas por distintos mecanismos de control.
"Desde 1929, cuando se instala en el poder el PRI, los grupos de narcotraficantes siempre estuvieron subordinados al poder político ejercido por el partido del Estado y el Ejército, lo que hizo prácticamente imposible su autonomía", refiere Astorga.
Según refiere el experto, la DFS logró que la criminalidad asociada al narcotráfico se mantuviera a un "grado socialmente tolerable, pues no golpeaba más que a grupos rivales claramente identificados y no se producía más que en ciertos espacios", explica Astorga.
EL NUEVO PODER
La situación cambió a partir de los años 70. El mercado de consumo estadounidense se obsesionó por la cocaína, lo que haría tambalear la tranquila estructura de mediación entre las organizaciones de traficantes y las élites políticas en el poder.
La política prohibicionista de Washington obligó a la clase política y las agencias policiales mexicanas a tomar medidas no deseadas contra los grupos de narcotraficantes de Sinaloa, la madre de los futuros cárteles de la droga mexicana. Por esos años se lanzó la famosa "Operación Cóndor" en los países productores de cultivos ilícitos como Perú, Colombia y México.
La operación militar en los estados de Durango y Sinaloa, lejos de desaparecer el negocio y golpear a los capos, hizo que trasladaran el negocio al estado de Jalisco y se dividieran en varias sucursales más poderosas. Para los entendidos, este cambio hacia una zona industrial y comercial fue la gran plataforma para la internacionalización del negocio.
La protección y los lazos con la clase política del PRI continuó unos años más, pero esto llegaba a su fin. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en febrero de 1985 en Jalisco, acabó con el sistema de mediación y el silencio cómplice entre la élite política en el poder y los traficantes después de casi 40 años de servicios mutuos.
La muerte del agente antidrogas estadounidense obligó al presidente Miguel de La Madrid a desmantelar la DFS. Los arrestos y los asesinatos a jefes policiales se multiplicaron, siendo hasta ahora parte del paisaje criminal actual.
EL DESBORDE DE LA VIOLENCIA
Ravelo explica que actualmente los papeles se han invertido: son los narcotraficantes quienes dictan las reglas. La organizada estructura de la policía ya actúa como si fuera un cártel más en el país, cuyos integrantes obedecen las órdenes de los líderes de las principales organizaciones criminales.
Los cárteles del Golfo, Sinaloa y Juárez mantienen lazos con los traficantes colombianos y con el crimen organizado internacional, además de contar con el apoyo del empresariado y la protección de las autoridades políticas y de las instituciones policiales.
La única diferencia con el tiempo pasado es que no hay un poder desde el Estado que sirve de ente regulador entre las organizaciones de la droga. No hay autoridad local o nacional con poder a quien besarle la mano. Miembros de las policías locales, federales y del Ejército colisionan por defender los intereses del grupo que los recluta.
Para el gobierno mexicano, la ola de violencia y particularmente las matanzas de uniformados son consecuencia de la lucha entre narcotraficantes por las plazas estratégicas del país. El periodista Ricardo Ravelo no está de acuerdo con la versión oficial.
Él más bien cree que las muertes de los jefes policiales no son resultado de sus acciones decididas contra el crimen organizado sino por ajustes de cuentas tanto de narcotraficantes como de sus propios colegas de trabajo. "El narcotráfico los convirtió en rivales", dice.
MALDITA PROHIBICIÓN
¿México se colombianiza? Esa es la pregunta que se hacen desde hace algunos años periodistas, académicos y políticos. Washington cree y ha hecho creer a los gobiernos mexicanos que eliminando a los barones de la droga las organizaciones se desarticularán y reducirán el flujo de droga hacia su país.
Para el analista estadounidense Ted Galen Carpenter la misma hipótesis fue asumida en Colombia cuando desmantelaron los cárteles de Medellín y Cali. Su desaparición solamente descentralizó el comercio de la droga. Actualmente existen alrededor de 300 organizaciones operativas en ese país.
La captura de los jefes narcos colombianos y mexicanos no ha modificado significativamente el volumen de la droga en el mercado estadounidense. "México puede seguir el mismo destino que Colombia si no modifica la estrategia prohibicionista diseñada en Washington. La brutal realidad es que el prohibicionismo provoca que el producto ilícito tenga un enorme mercado negro con un potencial beneficio que atraiga a terroristas y otros actores violentos", afirma el estudioso.
De la misma opinión es Laurie Freeman, de la ONG The Washington Office on America Latine (WOLA). La violencia ligada a la droga tiene sus raíces en la política antidrogas de los Estados Unidos, la prohibición de las drogas y su fracaso en reducir la demanda de esas sustancias. "La prohibición atiza la violencia, así de simple y sencillo", concluye la analista del WOLA.