Mía Ríos.
Tras una larga reunión que duró alrededor de cinco horas en La Oroya, los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) junto con los representantes de la Sociedad Civil lanzaron un ultimátum de 48 horas al Gobierno para que les asegure su estabilidad laboral y el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico.
De no ser atendidos, los trabajadores realizarán una marcha hacia Lima. Así lo aseguró el secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Luis Castillo, quien recalcó que esperan la pronta respuesta del presidente de la República, Ollanta Humala.
"Nosotros queremos una solución a este problema político y económico. El Presidente tiene que escuchar nuestra posición. Ya no queremos conversar con ministros porque se ha pasado el tiempo y no hemos conseguido ninguna solución. Queremos la intervención directa del presidente Humala. Ojalá que el mandatario tenga la intención de apoyar y buscar una solución justa y viable", manifestó.
EN PIE DE LUCHA
Sin embargo, antes de iniciar la reunión, Castillo anunció que los trabajadores de la empresa están dispuestos a tomar acciones para que realmente sean escuchados.
"Ya no nos interesa que vengan policías. Esto es una lucha frontal definitiva. Es una guerra porque nos estamos quedando sin trabajo", sostuvo.
Precisó que hasta el momento no se ha encontrado una solución justa para los metalúrgicos.
"Dicen que nuestros trabajos están garantizados, cuando lo cierto es que hay una liquidación, lo que significa que nos hemos quedado sin trabajo", explicó Castillo.
Acusó al Ministerio de Energía y Minas de ser responsable de la situación actual del complejo metalúrgico.
"Afirman que nuestros trabajos están garantizados, nos dicen que no nos vamos a quedar sin trabajo, pero ¿dónde vamos a trabajar? Ya están buscando un liquidador", dijo.
Por su parte, el secretario general de los trabajadores de Doe Run, Roberto Guzmán, sostuvo que acordaron declarar a La Oroya en emergencia.
Al respecto, el ex viceministro del Ministerio de Energía y Minas, José De Echave, aseguró que la decisión de la Junta de Acreedores es consecuencia del comportamiento irresponsable de Doe Run, que presentó un plan de reestructuración con condiciones inaceptables.
"No debemos olvidar que la empresa tiene una deuda con La Oroya, en lo ambiental y en cuanto a la salud", agregó.
DECLARAN "PERSONAS NO GRATAS" A MINISTROS PULGAR VIDAL Y MERINO
En la reunión también se dispuso que el Ministerio de Trabajo debe afinar el acta que garantiza la permanencia de 3.500 empleados de DRP en sus puestos de trabajo, así como declarar personas no gratas al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y al ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.
Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, indicó que estas acciones se explican porque se están pagando las consecuencias de una privatización fragmentada.
"No pudo haber peor privatización que la de este complejo metalúrgico en 1997. Valorizaron la inversión y remediación ambiental en US$ 125 millones, de los cuales Doe Run Perú, desde 1998 al 2008, solo habría invertido más de US$ 330 millones en proyectos ambientales", manifestó el experto.
