Se pronuncian organizaciones de familiares. Aseguran que el monto fijado por el gobierno es inconsulto. Además, no atiende demandas de los afectados.
Martín Hidalgo Bustamante.
“¿Por qué se preocupa usted por el monto de las reparaciones? Si estando vivo o muerto su ser querido siempre iba a estar en la misma condición”, fue la frase que recordó ayer la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política (Conavip), Doris Caqui, recibida en enero por parte de un representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), ente gestor del seguimiento de las políticas del Estado sobre reparaciones.
Una frase que, en opinión de Doris, se refleja en el sorpresivo Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, publicado y firmado por Alan García y su primera ministra Rosario Fernández, sobre las reparaciones económicas de S/. 10 mil a las víctimas del conflicto interno.
Para Francisco Soberón, delegado de la Asociación Nacional de Centros ante la CMAN, el DS-051 es inconsulto y contrario a las demandas de las víctimas.
“Debe ser derogado y resuelto con inmediatez por el próximo gobierno. Para ello, las víctimas buscarán contactarse con el equipo de transferencia de Gana Perú para ver el tema”, sostuvo Soberón.
Asimismo, el encargado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Gino Huerta, dijo que el monto establecido es irrisorio e incoherente con los estándares internacionales.
Claves
Registros. El polémico DS también plantea el cierre del registro de víctimas hasta el 31 de diciembre del presente año.
Violación. La Comisedh aseguró que dicha medida viola lo establecido en la Ley que aprueba el Plan integral de Reparaciones, que dispone que el RUV es permanente.