María Elena Castillo.
En lo que va del año se han registrado 36 conflictos sociales generados por el temor y las denuncias de la población sobre contaminación y reducción de los recursos hídricos a causa de la minería, advierte un informe elaborado por la Red Muqui, en base a los datos de la Defensoría del Pueblo.
La región con mayor problema es Puno, con 7 conflictos; seguida de Cajamarca, con 6 incidentes. En tercer lugar están Tacna y Huancavelica, con 4; mientras que en Áncash y Apurímac se produjeron 3 casos en cada una.
Además, el reporte señala que al menos hay 18 conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca, que son áreas donde nacen los ríos y arroyos o en las que se capta el agua en forma natural, convirtiéndose en una fundamental reserva hídrica.
No es solo Conga
El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Edwin Gonzales, sostuvo que si bien en este momento todos los ojos están centrados en el caso de la minera Conga, en la provincia cajamarquina de Celendín, los reclamos de la población en defensa de su recurso hídrico han ido en constante aumento.
Indicó que si bien la mayor parte de los conflictos sociales por el agua se produjeron en el gobierno anterior, tan solo en octubre se registraron cinco incidentes más.
Explicó que la preocupación de los comuneros que viven en las zonas en peligro se origina porque muchas de las concesiones y proyectos mineros se ubican en las zonas de cabecera de cuenca, que son primordiales para su consumo y para las actividades agropecuarias que realizan.
“No está muy claro a quién le compete la protección de las cabeceras de cuenca, pues las normas no son precisas. Además, no se ha implementado la Ley de Recursos Hídricos aprobada en la gestión anterior y por ello no funcionan los Consejos Hídricos de Cuencas; solo funcionan dos planes piloto. Tampoco se han elaborado los planes de gestión de los recursos hídricos de cada cuenca. Los pobladores están totalmente desprotegidos”, advirtió.
Urge zonificación
Por su parte, el consultor en medio ambiente Ignacio Cancino refirió que Perú es un país muy diverso no solo en fauna y flora, sino también en términos topográficos, por lo que cada caso debe ser cuidadosamente evaluado mediante estudios de impacto hídrico que determinen el grado de afectación que la actividad extractiva puede ocasionar.
Dijo que los gobiernos locales y regionales están haciendo estudios de zonificación ecológica económica en función a los recursos que tienen, así como al tipo de suelos, a la voluntad de la población, a fin de definir dónde debe ser preponderante la actividad minera o agropecuaria, a través de un reordenamiento territorial.
“Una vez establecido el reordenamiento territorial, cada proyecto, sea minero, para construir represas para uso agrícola o energético, o cualquier otro, supone un impacto, por lo que se tiene que hacer estudios de evaluación ambiental e hídrica”, manifestó.
Agregó que la alta desconfianza de la población se debe a que existe una cultura de parte de las empresas mineras –con algunas excepciones– de irrespeto por los derechos locales y de subestimación de las formas de vida local, como la dedicación a la actividad agrícola de los campesinos, a la cual consideran de poco valor económico.
“Por esta subestimación se generan los conflictos, porque la gente siente que están pasando por encima de ellos”, alertó.
Incremento de conflictos sociales por agua
En el año 2005, la Defensoría del Pueblo registró 70 casos de conflictos sociales, de los cuales 10 se vincularon al agua, y de éstos, 6 estuvieron relacionados a la minería; todos en la región Cajamarca.
En el 2006 se denunció 97 conflictos: 15 de ellos por agua, de los cuales, 10 se debieron a la minería en La Libertad, Pasco y Cajamarca.
En el 2007 hubo 78 casos: 23 por agua, de los que 20 se vincularon a la minería. Se afectaron Cajamarca, Huancavelica, Tacna, Ancash, La Libertad, Moquegua y Puno.
En el 2008 se reportó 197 incidentes: 21 de ellos fueron por agua, de los cuales 8 fueron por la minería. Estos casos se registraron en Tacna, Moquegua, Apurímac, Ancash, Amazonas y Cajamarca.
En el 2009 hubo 267 casos: 33 por agua, de los cuales 17 están vinculados a la minería y se produjeron en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, Lima, Áncash, La Libertad, Amazonas y Cajamarca.
En el 2010 se registraron 246 conflictos: 36 por agua, de los que, 28 están vinculados a la minería. Se dieron en Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ancash, Húanuco, Lima, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.