Agencias./ El gobierno del primer ministro Mario Monti decidió reducir los privilegios fiscales de los que ha gozado por mucho tiempo la Iglesia católica, que en este país se entrecruza íntimamente con los intereses del Vaticano.
Según algunas estimaciones, la medida obligará a pagar 600 millones de euros anuales –que pueden llegar a mil millones– teniendo en cuenta una revaluación fiscal de los inmuebles de su propiedad. En dos mil años, se han acumulado hasta cien mil edificios de propiedad eclesiástica en la península y el pago de los impuestos al presuntamente laico Estado italiano ha sido motivo de hondas polémicas.
Los democristianos que gobernaron casi medio siglo, y en los últimos tiempos los gobiernos de Silvio Berlusconi, aseguraron enormes privilegios a la Iglesia, que explican por qué el Papa y el Vaticano han mantenido su alianza con Berlusconi, mirando para otro lado y con ojo benévolo durante estos años pese a la desenvoltura moral de Il Cavalliere.
Ahora las cosas han cambiado. La Unión Europea consideró que la impunidad impositiva otorgada a la Iglesia católica, una de las más ricas del mundo porque recibe una contribución del ocho por mil sobre el impuesto a los réditos de la mayoría de los italianos, además de las contribuciones voluntarias, era una infracción a las normas comunitarias.