La Defensoría del Pueblo advirtió hoy sobre la dilación existente en el traslado de personas requisitoriadas de un distrito judicial a otro, por la falta de una partida presupuestal especial para cumplir esta labor.
Gisella Vignolo Huamaní, adjunta encargada para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría, dio esta información luego de las supervisiones a la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La funcionaria sostuvo que en enero se supervisó 47 dependencias policiales en todo el ámbito nacional, entre ellas la División de Requisitorias en Lima.
En estas visitas se verificó la detención de 1,440 personas, de las cuales 1,353 personas fueron en la capital.
“En el caso de Lima, el Poder Judicial apoya desde el año 1997 la atención a estos traslados con un presupuesto que, en la actualidad, asciende a 12 mil nuevos soles mensuales, pero dicho monto resulta insuficiente si (…) solo al mes se requieren aproximadamente 52 mil nuevos soles”, informó.
Vignolo Huamaní agregó que los casos registrados por el Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales dan cuenta de una excesiva demora en el traslado de las personas requisitoriadas, lo que vulnera derechos fundamentales y contraviene el plazo máximo de detención en una sede policial.
“Esta situación también implica que, en algunos casos, los detenidos o sus familiares deban cubrir los costos del traslado con sus propios recursos, lo cual facilita posibles actos de corrupción”, resaltó.
Por ello –agregó–, la Defensoría del Pueblo ha elaborado un documento de trabajo que analiza esta problemática y recomienda al Poder Judicial y al Ministerio del Interior coordinar las acciones necesarias para la asignación de una partida presupuestal especial que permita atender el traslado dentro de los plazos legales.
"Nuestra propuesta ha sido enviada, mediante oficios, al presidente de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Javier Villa Stein, al Ministro del Interior, general PNP (r) Octavio Salazar y al Director de la Policía Nacional del Perú, general PNP Miguel Hidalgo, para su evaluación”, anotó.
Dicho documento contiene, además, una propuesta para aminorar los gastos sobre la base de experiencias como la creación de un módulo en el Sistema Nacional de Videoconferencias del Poder Judicial para llevar adelante audiencias virtuales, con lo cual se lograrían reducir los costos que generan los traslados.
La Defensoría del Pueblo presentó estas propuestas al Grupo Interinstitucional de Coordinación Permanente sobre Requisitorias, en la última sesión de trabajo del mes de marzo.
En esa oportunidad obtuvo el respaldo de los representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la PNP.