José Víctor Salcedo.
Cusco.
Jorge Acurio Tito, presidente regional de Cusco, apenas tuvo medio año de tranquilidad en lo que va de su gestión. Luego de salir airoso de un proceso por corrupción, el 29 de diciembre de 2011, ayer se conoció una nueva acusación fiscal por delitos de corrupción que volverá a sentarlo, junto a otras 20 personas, en el banquillo de los acusados.
Gladys Fanny Quispe Humpire, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Cusco, presentó la acusación ante el Segundo Juzgado Penal Corporativo para el control de acusación y la fijación de la fecha del inicio del juicio oral.
El fiscal superior, Carlos Pérez, confirmó que la semana anterior Quispe Humpire emitió este documento contra la actual autoridad por los delitos de peculado doloso, colusión y falsificación de documentos.
“Se presentó ante el órgano jurisdiccional una acusación mixta; es decir acusación y sobreseimiento. Hay varios imputados y muchos delitos. Ya está en manos del Poder Judicial que debe fijar fecha para que se haga el control de acusación, previa a las observaciones que pudieran hacer los abogados de los acusados”.
EN RESERVA
Hubo mucho hermetismo sobre la cantidad de años que la Fiscalía solicitó para Acurio y sus coacusados. De acuerdo al Nuevo Código Penal, la sanción por peculado doloso oscila entre 8 y 12 años de prisión, por colusión entre 6 y 15 años de cárcel, y por falsificación de documentos entre 2 y 4 años de pena privativa de la libertad.
CÓMO EMPEZÓ EL PROCESO
A mediados del 2008, la ex procuradora Anticorrupción del Cusco, Dora Monzón Valverde, denunció a autoridades de la Municipalidad Distrital de San Sebastián por simulación de adquisición y desaparición de 54,500 bolsas de cemento.
Monzón acusó al entonces alcalde sebastiano Acurio Tito, su primer regidor Julián Incaroca Ninancuro, su gerente de presupuesto, José Calderón Pacohuanca; otros 16 ex funcionarios y dos servidores de la empresa proveedora URPI S.A. de los presuntos delitos de concusión, colusión, peculado, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
En coordinación falsificaron documentos para cometer ilícito
De la denuncia se desprende que para cometer el ilícito, los funcionarios ediles falsificaron declaraciones de conformidad de recepción de bolsas cemento cuando ningún paquete fue entregado por URPI. Con la apócrifa declaración de conformidad, la empresa cobró por la contraprestación de servicio.
Los funcionarios ediles y empresarios actuaron en forma sistemática y concertaron con el contratista una falsa entrega y gestionaron el pago por el servicio sin que se haya cumplido con el contrato.
Actualmente Julián Incarroca se desempeña como alcalde del distrito de San Sebastián y José Calderón ocupa la gerencia de Presupuesto y Planeamiento en el GRC.
