El régimen fujimontesinista fue un duro golpe para la estabilidad democrática del país. No solo por los delitos contra los derechos humanos y los actos de corrupción cometidos; sino también porque generó en la población un alto nivel de desconfianza ante la escena política venidera. Fotos
César Alipázaga
Diversos cuestionamientos a su gobierno se escuchaban desde todos los frentes, es así que la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos pensó que la solución pasaba por comprar la voluntad e ideologías de los políticos, quienes primaron sus interés económicos antes que la confianza de sus electores. Del mismo modo, se compró la línea editorial de diversos medios de comunicación para que se alineen con el régimen dictatorial.
Sin embargo, las organizaciones sociales, los políticos de oposición y los medios independientes apostaron por el retorno a la democracia dando sendas batallas denunciando los delitos de peculado doloso, corrupción de funcionarios y cohecho activo genérico en agravio del Estado; pan de cada día en la década de los noventas.
En abril del 2000, Fujimori -a merced a la Ley de Interpretación Autentica de la Constitución- postuló para un tercer mandato y ganó en segunda vuelta a Alejandro Toledo, quien exhortó a la ciudadanía a impedir la juramentación tras las elecciones fraudulentas. Es así que en julio de ese año, mientras Fujimori leía su discurso presidencial en la sede del Legislativo, las protestas callejeras se desencadenaron en la muerte de seis personas y múltiples daños contra entidades públicas. (Posteriormente se conocería la culpabilidad de los agentes de inteligencia infiltrados en dichos sucesos).
En setiembre, el Frente Independiente Moralizador (FIM), liderado por Fernando Olivera y Luis Iberico, hizo pública una cinta en la que se aprecia al asesor presidencial Vladimiro Montesinos ‘comprando’ por 15 mil dólares al congresista electo Alberto Kouri para que se pasara a las filas del oficialismo y lograr una mayoría fujimorista sólida en el Congreso.
Tras ello, ONGs, frentes civiles, universitarios y líderes de oposición convocaron a diversas marchas rechazando la corrupción. Las plazas a nivel nacional se convirtieron en escenario de las protestas ciudadanas que buscaban defender un Estado de derecho.
En ese contexto, mediante un mensaje a la Nación, el presidente Alberto Fujimori, convocó a elecciones en el más corto plazo y anunció que no participaría en esos comicios, así como la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
En noviembre, se dictó la orden judicial para detener a Montesinos por delitos de lavado de dinero, colusión, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilícito. Fujimori encabeza una búsqueda cinematográfica en la casa de Playa Arica.
La caída del régimen fujimontesinista estaba cerca. Mientras en el Congreso -ya bajo la batuta de Valentín Paniagua- la oposición presentaba pedidos de vacancia y restituía a los magistrados del Tribunal Constitucional, sus ministros y otros altos funcionarios de su gobierno renunciaban buscando deslindar con los destapes que vendría después.
Alberto Fujimori no tuvo otra salida que aceptar su derrota, y sin mayor anuncio el 13 de noviembre, Fujimori abandonó Palacio de Gobierno para abordar el avión presidencial supuestamente rumbo a Brunei para participar en la Cumbre de la APEC.
Cinco días después, el 19 de noviembre, el entonces premier Federico Salas hizo pública la decisión del dictador, quien desde Japón vía fax renunció al cargo de Presidente de la República.
Luego de la renuncia de Fujimori, seguida por las renuncias de los dos vicepresidentes - Francisco Tudela y Ricardo Márquez - Valentín Paniagua asumió la Presidencia de la República como presidente provisional.
Lo que el destino y la justicia les deparó a Fujimori y Montesinos ya es historia conocida. Ambos cumplen condenas; el primero en la sede de la Diroes y el segundo en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, lugar que ambos mandaron construir.