Diez dirigentes de la provincia cajamarquina de San Marcos, acusados del delito de entorpecimiento de los servicios públicos, fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de dos mil soles de reparación civil.
La resolución del Primer Juzgado Penal Liquidador de Cajamarca fue apelada por los dirigentes al considerar que las movilizaciones que realizaron contra la minera Miski Mayo para que no opere en el cerro Mogol fueron pacíficas.
A raíz de estas marchas que congregaron a la población del valle de Condebamba, la Municipalidad Provincial de San Marcos denunció en el año 2007 a Rosas Durán, José Lezma, Chanel Ruiz, Patricia Ramal, Eduardo Requelme, así como a Carlos Meléndez, José Quiroz, José Roncal, Francisco Roncal y Jorge Spelucin.
La empresa Miski Mayo dejó de operar en la zona luego de que los pobladores denunciaran amenazas de muerte y agresiones por parte del personal de la minera.