El Poder Ejecutivo dictó un decreto legislativo que establece la regulación de la interdicción de la minería ilegal en el país y establece disposiciones complementarias para el ordenamiento de esta actividad.
La norma recalca que las acciones de interdicción se iniciarán sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
El Ministerio Público y la Policía Nacional procederán a decomisos y destrucción de bienes de la minería ilegal.