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Jubilados de la 19990 aún sin fecha de pago

Aunque la ONP propone pagarles devengados en una sola armada. Decisión está en manos del MEF. Pago de sueldos atrasados desde el año 1984 le significarán al Estado mil millones de soles.



Luis Velásquez C.



De aquella foto en Palacio de Gobierno, en la que los pensionistas de la Ley 19990 aparecen sonrientes al lado de Alan García, ya solo queda el recuerdo. Aquel día, 9 de diciembre de 2008, el presidente firmó un decreto que reconocía la deuda que el Estado tiene con los pensionistas de esta ley, especialmente los de la extinta Ley 23908 que amparaba a servidores que se accidentaban o cumplían labores riesgosas.



Han pasado tres meses desde aquella reunión y es poco lo avanzado: apenas se ha iniciado el proceso de verificación de datos de los jubilados de mayor edad (más de 75 años) y se alista recién el allanamiento del Estado en los juicios que hombres y mujeres que viven con pensiones de S/.250, S/. 315 o S/.420 mensuales tienen con la ONP.



¿Qué ocurrió?, ¿dónde quedó la promesa del jefe de Estado de reconocer el derecho de 105 mil personas de la tercera edad a una mejor pensión?, ¿qué pasó con el pago de devengados pendientes desde el gobierno de Fujimori?



Para César Mezarino, presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), la demora se debe a que el Ministerio de Economía aún no resuelve la propuesta planteada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), respecto a la forma de pago de los devengados de los jubilados de la desaparecida 23908 (que son parte de la Ley 19990).



“Son más de mil millones de soles que el Estado nos debe y todavía no resuelve la forma ni los plazos en que nos pagarán”, señala.



Tal vez en abril



A pesar de todo, la fe de los jubilados todavía se mantiene. Así lo señala Juan Laynes, secretario de organización del Cenajupe, quien cree que en abril, o a más tardar mayo, se sabrá cuánto y cómo se pagará a los hombres y mujeres que se jubilaron en el lapso de 1984 y 1992 (Ley 23908) y fueron dejados de lado por el gobierno fujimorista que les negó una pensión justa.



“EL 27 de abril nos reuniremos con el ministro Luis Carranza. Nos ha citado para ese día y en ese encuentro nos dirá si procede nuestro pedido de aumento de pensiones, y lo principal: el pago de nuestros devengados. Ya antes fue receptivo con nosotros y por eso confiamos en que su respuesta será positiva y en abril salga la orden desde el MEF”, señala Laynes.



En una sola cuota



Al respecto, funcionarios de la ONP con los que La República conversó, confirmaron la propuesta hecha al MEF. Según explicaron, a través de un oficio enviado el 18 de marzo, la ONP le pide al MEF autorizar el pago, en una sola armada, de los devengados de los pensionistas de la Ley 23908, priorizando los casos judicializados y a las personas mayores de 75 años.



Los mismos voceros anotaron también que el proceso de desjudicialización o allanamiento ofrecido por el Ejecutivo está en marcha y se han visto miles de casos entre enero y febrero.



Claves



Juicios. Los juicios que afronta la ONP por reclamos de pensionistas supera los 100 mil. De esta cantidad, los juicios de jubilados de la Ley 23908 llega a 40 mil.



Aumento. El aumento que persiguen los jubilados de la 23908 es mayor a los S/. 50 ofrecidos.



Montos son por años de aporte



Los devengados que cobrarán los pensionistas beneficiarios de la Ley 23908 son variables y distintos para cada caso. El monto se calculará en base a los años aportados, cantidades aportadas y el tipo de trabajo realizado. Así, por ejemplo, habrá devengados de hasta 9 mil soles para algunos, y para otros tal vez apenas unos cientos de soles.



El Decreto Ley 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó los requisitos del Decreto Ley 19990 y declaró inaplicable la Ley 23908, que beneficiaba a los trabajadores jubilados desde 1984.



Hasta antes de la Ley 25967, los trabajadores amparados en la Ley 23908 tenían derecho a jubilarse fijando como tope de su pensión el equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales. Era un derecho, aunque en la práctica la norma no era cumplida.

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