La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que no se debe colocar en igualdad de condiciones a quienes fueron víctimas del terrorismo con aquellos que cometieron esos crímenes. Nota relacionada
Señaló además que se debe dar prioridad a las víctimas, quienes tienen pendiente reparaciones individuales económicas desde hace muchos años.
Merino mencionó que el Estado peruano debe reforzar sus mecanismos de defensa internacional en Derechos Humanos y lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al emitir sus fallos, actúe con especial cuidado respecto de las consecuencias que estos generan en una realidad como el Perú, marcada por el grave daño ocasionado por el terrorismo. No menos contundente fue su pronunciamiento para exigir que los terroristas paguen las indemnizaciones que le deben al Estado.
“No se puede compensar primero al victimario que a la víctima de la violencia, porque se trata de personas pobres y vulnerables que hace más de 20 años esperan esta reparación”, señaló.
De otro lado, ante los cuestionamientos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo dijo no estar de acuerdo con impulsar que el Estado discuta su retiro de la Corte Interamericana.
“El Estado debe: primero, reforzar sus mecanismos de defensa internacional en el sistema interamericano de derechos humanos, en segundo lugar tiene que lograr que cuando la CIDH emita sus fallos, actúe con especial cuidado respecto de las consecuencias que éstos van a tener en una realidad como la del Perú y, en tercer lugar, el Estado peruano debe dictar una legislación complementaria inspirados en la justicia, en la ética y en la moral para dar prioridad al cumplimiento de las reparaciones a las víctimas de la violencia en relación con las otras obligaciones contraídas”, subrayó.
De ese modo, en cuanto al establecimiento de una reserva parcial, dijo que si no se hizo esa reserva en su debido momento, es decir al momento de la firma y suscripción de este tratado, no es posible hacerlo 30 años después.“ Esto tendrá que ser debatido en los ámbitos del Ministerio de Justicia y el Congreso de la República”, finalizó.