Luego de un amplio y polémico debate, la Comisión Revisora del Código Penal aprobó con 6 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la despenalización del aborto en caso de violación o cuando haya graves malformaciones del feto.
Con esta decisión, el grupo parlamentario rechaza las diferentes posturas de grupos políticos y religiosos que estaban en contra de la despenalización por considerarla un atentado contra la vida de un ser humano.
Como se recuerda, el Ministerio de Justicia desestimó esta propuesta y la Defensoría del Pueblo planteó que se haga un debate nacional sobre el tema.
Votaron en contra de la propuesta los representantes del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional de Rectores así como los congresistas José Vargas Fernández (APRA) y Cayo Galindo (PNP).
Para aprobar, la reconsideración se necesitaba de ocho votos a favor, pero sólo obtuvo las adhesiones de los delegados del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y del congresista Carlos Torres Caro.
Con la votación de hoy se ratificó la decisión adoptada inicialmente por la referida comisión, a través de la cual se establece en el artículo 119 que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante.
Tampoco será punible el aborto cuando éste tenga como objeto evitar un mal grave en la salud de la gestante un mal grave y permanente.
También se despenaliza el aborto cuando es probable que el ser en formación adolezca o desarrolle graves malformaciones o taras físicas o psíquicas, siempre que al respecto exista un diagnóstico médico especializado.
Tampoco conllevará a una sanción penal el aborto que se cometa en el caso de embarazos ocasionados a consecuencia de una violación sexual, “siempre que los hechos hubieren sido denunciados penalmente”, se precisa.
De igual manera, no será objeto de sanción punible la interrupción de un embarazo sea consecuencia de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado sin consentimiento.
Asimismo, la referida comisión acordó establecer en dos años de pena privativa de la libertad, la sanción por el llamado aborto preterintencional. A ello se incluirá también el desarrollo de trabajo comunitario por parte del sentenciado.
Esta es una figura que se aplica para el caso de quienes con violencia ocasionen un aborto sin tener el propósito de causarlo.
La sesión se desarrolló con la presencia de partidarios y detractores de la propuesta para despenalizar el aborto.
Luego de esta aprobación, el presidente de la comisión Carlos Torres Caro enviará en diciembre el informe con las conclusiones al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, quien decidirá si lo envía al Pleno para el debate.