Competencias y recursos económicos aún son manejados por gobierno central. Pese a promesa electoral y anuncios del primer año, la descentralización sigue siendo un anhelo de las regiones y municipios de todo el país.
Rocío Maldonado.
¿Qué nos dejó el gobierno aprista en lo que se refiere al proceso de descentralización? A decir de expertos y actores involucrados, poco o casi nada. Estancamiento y enfriamiento son las palabras que utilizan para calificar el avance, pese a que la descentralización fue tema central de la campaña presidencial de Alan García y el “shock descentralista” uno de los primeros anuncios de su administración.
Javier Azpur, experto en descentralización y reforma del Estado de Propuesta Ciudadana, consideró que el gobierno aprista no ha hecho casi nada en función de superar los puntos críticos del problema de distribución de recursos, como la descentralización fiscal.
“En este terreno no se avanzó. No se han establecido indicadores y criterios claros para la asignación de recursos, lo cual es fundamental para que los gobiernos regionales y locales puedan hacer una proyección de sus ingresos, y sobre esa base realizar una planificación adecuada de la inversión”, dijo.
Centralismo presupuestal
Mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sigue siendo el ente que decide y asigna los recursos; pero además cuestionó que en los últimos años se han adoptado medidas administrativas orientadas a recentralizar el gasto público.
En ese crucial punto coincide Eduardo Carhuaricra, gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), quien indicó que el gobierno nacional ha manejado directamente el 72,2 % y 70,8 % del total del Presupuesto Público entre el 2010 y lo que va de este año.
“Se transfiere las funciones y tareas, pero muchas veces sin recursos”, advirtió.
Por su parte, Javier Azpur consideró que una de las dificultades de la descentralización es el estancamiento en cuanto a la definición de las competencias y funciones de cada nivel de gobierno, lo cual era evidentemente una tarea de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
“Esto es un elemento imprescindible que permite que puedas evaluar a cada nivel de gobierno en relación a las competencias asignadas y también para generar mecanismos de colaboración y complementariedad en los tres niveles de gobierno”, refirió.
No hay regionalización
Otro punto crítico dentro del proceso –agregó– es la regionalización, pues se mantiene una gran fragmentación de niveles de gobierno con 25 gobiernos regionales, 200 municipios provinciales y más de 1.800 municipios distritales en todo el país.
“Esa fragmentación hace compleja la posibilidad de generar estrategias y planes de desarrollo, pues se requiere un espacio territorial más amplio, que no pueden ser los departamentos bajo el nombre de región”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que desde el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se sometió a referéndum una propuesta de regionalización, no se han dado pasos decisivos para generar una forma de demarcación territorial que tenga mayor viabilidad en términos de promover políticas de desarrollo.
Sin coordinación
Otra de las flaquezas en el proceso de descentralización ha sido el referido a la conducción y fortalecimiento del proceso, función que debió recaer en el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), conformado por representantes del gobierno nacional, los presidentes regionales y una representación de los alcaldes de todo el país.
Sin embargo, al momento de aprobar su reglamento, el CCI se transformó en una instancia consultiva de la Secretaría de Descentralización de la PCM, con lo que se eliminó la posibilidad de ser un espacio en el que se concertaran decisiones.
Kléver Meléndez, presidente de región Pasco, dijo que esta situación ha llevado a que dentro de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se plantee el cese del CCI y que los gobiernos regionales coordinen directamente con el gobierno central.
Sin embargo, Carhuaricra opinó que con esta decisión se estaría dando la razón al gobierno central, que en cinco años ha privilegiado el trato directo con las distintas municipalidades y gobiernos regionales, lo que ha generado divisiones y finalmente ha debilitado el proceso de descentralización.
El shock descentralista
Al asumir su mandato, Alan García afirmó que uno de los ejes de su gobierno sería la descentralización, y por ello anunció 20 medidas que llamó “el shock descentralista”.
Entre los principales anuncios figuraban: la transferencia al 31 de diciembre de 2007 de las 185 funciones sectoriales establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con sus respectivos recursos humanos, presupuestales, materiales y técnicos.
Designación directa de los directores regionales sectoriales por el gobierno regional. Ejecución a partir del 1º de enero de 2007 de programas piloto para transferir los centros y programas educativos a los municipios provinciales y distritales. Formulación del Plan de Regionalización y de Inversión Descentralizada, entre otros.
Cronología
García. En marzo de 1987, durante el primer gobierno aprista, se promulgó la Ley de Bases de la Regionalización, cuyo marco legal establecía la existencia de 12 regiones.
Fujimori. En diciembre de 1992, el régimen fujimorista sustituye a los gobiernos regionales por los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), creados para cada departamento.
Toledo. En setiembre de 2002 se conforma el Consejo Nacional de Descentralización (CND). El 30 de octubre de 2005 se realiza sin éxito el referéndum para conformar macrorregiones.
García II. En enero de 2007, el Ejecutivo desactiva el CND y lo incorpora a la PCM. En diciembre de 2008, el Ejecutivo instala el Consejo de Coordinación Intergubernamental.