Crecí en una familia en la que todos expresábamos nuestra opinión sobre lo que sucedía en nuestro país y nos involucrábamos en actividades para "mejorar el mundo". No había un reglamento escrito pero todos en casa sabíamos que nuestros derechos terminaban donde empezaban los del otro, al margen de su sexo o edad.
Por Mónica Sánchez
Embajadora Nacional de UNICEF
Fuera de casa, era distinto. Opinar, cuestionar, participar resultaba peligroso. Nací durante la dictadura militar y vi retornar al Perú a la senda democrática. Me cuento entre quienes hace 12 años salíamos a lavar la bandera con la ilusión de construir un país en el que todos y todas pudiéramos ejercer plenamente los derechos humanos, porque creo firmemente que estos deben estar por encima de todo y que hay que aprender a respetarlos y ejercerlos desde el principio de la vida. Por ello, siempre me he identificado con las iniciativas orientadas a defender los derechos del sector más vulnerable de la sociedad, la infancia.
Como Embajadora de UNICEF me alegra que desde el legislativo exista preocupación por hacer viables los derechos consagrados en la Convención por los Derechos del Niño (CDN), pero me preocupa que en ese intento se caiga en el proteccionismo absoluto que convierte a los niños niñas y adolescentes en objetos de protección y los desconoce como seres humanos sujetos de derecho.
Me temo que eso está sucediendo con el proyecto del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia que contiene varios puntos que, como bien lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo, deben ser revisados.
Para empezar preocupa que no incluya la palabra niña. Dirán que es porque los derechos del niño también son de la niña. Creo que en una sociedad donde la discriminación se expresa en situaciones tan cotidianas como destinar el plato mejor servido al hijo varón sin considerar si la hija tiene necesidades nutricionales especiales, es imprescindible hacer visible que los derechos también son para las niñas.
También llama mi atención que existiendo un alto índice de maternidad adolescente se condicione el acceso de los chicos y chicas mayores de 14 años a servicios de información sobre salud sexual a la presencia del padre o la madre. Pensar que las y los adolescentes van a pedir ese acompañamiento es poco realista y flaco favor le hace a los esfuerzos por la prevención del embarazo adolescente.
El castigo físico y humillante contra los niños y niñas es pan de cada día en todos los sectores sociales. Un nuevo código debería condenar explícitamente cada uno de los actos de violencia contra la infancia y la adolescencia y no sólo aquellos que dejen secuelas, porque toda palabra hiriente o agresión deja huella.
Los derechos a la información, opinión, organización y participación también aparecen supeditados a la autorización paterna. Es decir que si no tienen el permiso respectivo los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, no podrán opinar libremente sobre sus docentes ni manifestarse en contra de que se destruya el parque del barrio para edificar un centro comercial. Si no se desarrollan valores democráticos desde la infancia que no nos sorprendan conductas dictatoriales o de absoluta sumisión en el futuro.
Quienes hemos participado en grupos parroquiales, culturales, deportivos, etc. sabemos que gracias a estos espacios muchos encuentran alivio al dolor eterno de la violencia familiar; se alejan del mundo de las drogas, alcoholismo y pandillaje; que ahí se aprende a trabajar en equipo, organizarse, expresar y defender opiniones, cumplir estatutos. ¿Por qué condicionar el derecho a la participación y la organización? ¿No es acaso la infancia esa primera instancia donde gestamos nuestra identidad, aprendemos los valores que regirán nuestra vida y sentimos que pertenecemos y somos importantes?
Generemos un entorno democrático y vigilante de los derechos de los que ahora son niños, niñas y adolescentes y mañana serán los adultos que hagan de nuestro país un lugar mejor para vivir. Construyamos el futuro gestando en el presente mejores condiciones y compromisos claros con nuestra infancia.
Confiemos en que los puntos comentados serán revisados y mejorados y que contaremos con un código inclusivo y promotor de los valores democráticos; un código que garantice y promueva los derechos humanos de niños y niñas.
