Su decisión fue calificada de positiva porque busca que el Estado guarde coherencia en su estrategia de defensa.
Francesca García.
Las explicaciones sobre su renuncia fueron tan diplomáticas como las razones que generaron la misma. El abogado César Azabache concretó su dimisión como agente del Perú frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Chavín de Huántar, según dijo, para permitir la "búsqueda del mayor consenso" alrededor de la defensa del Estado, que –reconoció– podría dificultar su presencia al mando del equipo.
Los comentarios en los predios del Ministerio de Justicia certifican su versión. Descartan además que el alejamiento de Azabache responda a discrepancias con el titular del sector, Juan José Jiménez, quien, desde su designación y frente a sus detractores –principalmente del fujimorismo–, defendió la presencia del ex procurador.
Pese al respaldo del propio ministro, la decisión de Azabache habría tomado forma a fin de no incrementar la confusión en la postura que el Estado debe sustentar ante una posible demanda en la Corte de San José, debido a sus declaraciones sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales, durante el operativo Chavín de Huántar.
Azabache en esa ocasión, opinan nuestros informantes, habría "adelantado opinión" y "no medido el alcance de sus palabras", cuando dijo que el destacamento del Servicio de Inteligencia Nacional al mando de Roberto Huamán Ascurra y no los comandos ejecutó a un emerretista.
"Lo que la evidencia forense indica es que el destacamento llamado por el ex ministro Loret de Mola "los gallinazos" hizo algo que no fue necesario cuando la residencia del embajador japonés ya había sido recuperada y cuando los rehenes ya estaban a salvo", expresó el abogado.
Trascendió que otro factor que habría impulsado su alejamiento serían las dudas que su presencia generaba en algunos sectores.
Debido a su trayectoria profesional ligada a la defensa de derechos humanos y su postura sobre las reformas que el Perú –y otros Estados– plantea para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
NIEGA DISCREPANCIAS
En sus primeras declaraciones tras su dimisión, César Azabache rechazó que su renuncia se deba a discrepancias surgidas entre él y el titular de Justicia y de Defensa, Juan José Jiménez y Alberto Otárola, respectivamente. Al contrario, refirió que las confrontaciones no se encuentran en el Ejecutivo sino en la sociedad.
Azabache subrayó que otro de los principales objetivos del Estado peruano debe ser demostrar ante la Corte de San José que puede culminar con "independencia" sus procesos y "actuar de manera responsable" a partir de la evidencia.
“Nuestra posición ante la Corte debe ser dejar en claro que como país tenemos el derecho a esperar que en nuestros tribunales adopten una posición. Mientras tanto, tenemos que ser capaces también como país de llevar a la Corte una versión sólida, estable, libre de estas interferencias que se han montado sobre los hechos", declaró.
En otro momento, el ex procurador reiteró lo dicho en su misiva del viernes último al referir que el objetivo principal del gobierno es respaldar a quienes pusieron en riesgo su vida por el rescate de los rehenes en 1997.
No obstante, señaló que la clave de una futura presentación del Estado ante la Corte se encuentra en establecer si el Perú mantiene o no el discurso sobre lo sucedido en abril de 1997, que tuvo como base lo dicho en ese entonces por el ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola.
Consultado por las pruebas que confirmarían las ejecuciones durante el Operativo Chavín de Huántar, Azabache manifestó que no existe ninguna que comprometa a los comandos. Añadió que conforme a las evidencias se debe defender la decisión de la Corte Suprema que en el 2002 apartó a los comandos del proceso.
MEDIDA "POSITIVA"
El abogado Enrique Bernales calificó de "positiva" la postura adoptada por Azabache, al considerar que con su "paso al costado" busca que el Estado guarde más coherencia en su defensa.
"Está tratando de dar con su renuncia una mayor consistencia, en la medida que él aparentemente tiene algunas reservas respecto a presentar modificaciones al reglamento de la CIDH", opinó Bernales.
En tanto, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, consultado sobre la posibilidad de que los comandos elijan a la persona que dirija la defensa del caso ante la Corte, dijo que se puede estudiar.
"Creo que abre un camino, ninguna vía es descartable y habría que coordinarlo", manifestó Alberto Otárola.
ORGANIZACIONES SE PRONUNCIAN SOBRE CAMBIOS DE LA CIDH
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA un texto con observaciones al informe elaborado por el Grupo de trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH que busca "fortalecer el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El informe será presentado el próximo 25 de enero ante el Consejo Permanente de la OEA, con presencia del canciller peruano Rafael Roncagliolo y el nuevo embajador del Perú ante la OEA, Walter Albán, y representantes de la sociedad civil. Una de las preocupaciones es sobre el número de recomendaciones del Estado a la CIDH.
CLAVES
El 5 de enero, durante su presentación en el Pleno del Congreso, el premier Óscar Valdés anunció que el gobierno planteará una serie de medidas ante la Corte IDH para establecer nuevas políticas en esta materia.
La congresista Lourdes Alcorta propuso al ex ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz en reemplazo de Azabache.
EN CIFRAS
72 fueron las personas rescatadas de la Residencia de la Embajador del Japón en 1997.
136 días duró el secuestro ejecutado por miembros del Movimiento Túpac Amaru.
