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Legalidad.

Fiscalía en contra de que militares recojan cadáveres

Postura. Para José Peláez y otros fiscales, la norma afecta sus funciones y podría generar impunidad en violación de DDHH.
Postura. Para José Peláez y otros fiscales, la norma afecta sus funciones y podría generar impunidad en violación de DDHH.
Fiscal de la Nación, José Peláez, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29986.

César Romero C.



La Fiscalía de la Nación presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 29986 , que modifica diversos articulos del Código Procesal Penal , para permitir que militares y policías puedan levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal .



El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales , los fiscales supremos y asesores evalúan la norma promulgada el viernes último. La Ley 29986 modificó los artículos 195 y 239 del Código Procesal Penal que entregó la exclusividad del levantamiento de cadáveres a los fiscales.



El nuevo texto de la norma establece que "en zonas declaradas en estado de emergencia , cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las FFAA o de la PNP procederá al acto de levantamiento de cadáver de los miembros de las FFAA o de la PNP y de las personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público ".



Pero lo que más ha generado rechazo entre los fiscales es que, a continuación, se establece que " excepcionalmente " se podrá prescindir de la comunicación y se dará cuenta del levantamiento dentro de las 24 horas , más el termino de la distancia.



Para los fiscales, esta norma afecta las funciones del Ministerio Público como ente autónomo e independiente en la investigación del delito y el recojo de las pruebas de un acto criminal.



Además, existe el temor de que lo "excepcional" se convierta en habitual y se genere impunidad en casos de abuso de autoridad y dudas sobre la legalidad de un operativo policial militar.



Al respecto, se recordó lo ocurrido en el operativo de rescate de los rehenes tomados por el MRTA en la residencia del embajador japonés en el Perú. El recojo de los cuerpos estuvo a cargo de personal militar que no documentó correctamente el recojo de cadáveres ni preservó las pruebas, lo que hasta ahora afecta a ese caso.



El fiscal de la Nación ya informó al Ejecutivo del desacuerdo de la institución con dicha norma. Ahora, con un equipo de abogados constitucionalistas y fiscales se encargarán de elaborar la demanda .

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