La Defensora del Pueblo, sostuvo que el proyecto de ley, propuesto por el congresista Ricardo Belmont, el cual penaliza las transmisiones o publicaciones obscenas o pornográficas, atenta contra la libertad de expresión. Nota relacionada.
Asimismo afirmó que “si bien la finalidad del proyecto es constitucionalmente legítima –en tanto busca proteger la integridad psicológica de los niños, niñas y adolescentes–, sus alcances atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión”.
Merino advirtió que este derecho fundamental se vulnera porque el proyecto de ley utiliza términos vagos que no permiten establecer con claridad cuáles son las conductas que se pretende sancionar penalmente.
Para la Defensoría del Pueblo, establecer sanciones penales para los gerentes, directores, editores o responsables de los medios de comunicación, sin observar los criterios constitucionales antes señalados, “constituye una grave amenaza para el ejercicio libre y democrático de la libertad de expresión en nuestro país”.