Impunidad. Pero sala no pudo demostrar asesinatos. Tribunal impone penas de diez, seis y cuatro años de prisión por peculado y contra la seguridad pública.
Ana Véliz
La Segunda Sala Anticorrupción impuso 10 años de prisión al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos por los desmanes producidos durante la Marcha de los 4 Suyos, el 28 de julio del 2000, actos que dejaron seis muertos.
Junto a Montesinos fueron condenados otros 11 ex jefes policiales, entre ellos el general PNP Humberto Fernandini Maraví, con seis años de prisión.
Además, se impuso cuatro años de prisión condicional al resto de procesados: Alfonso Villanueva Chirinos, Hugo Suárez y Luis Rebata, entre otros. Fueron condenados por delitos de peculado y contra la seguridad pública.
Sabor a impunidad
El tribunal precisó que siente un sabor de impunidad en la sentencia, pues a pesar del tiempo transcurrido no se ha podido determinar las causas exactas del dantesco incendio en la sede central del Banco de la Nación que provocó la muerte de seis vigilantes.
Pero una cosa es sentir que son responsables y otra probar el delito de homicidio calificado. Concluyeron que se demostró que el retiro de los anillos policiales ordenado por Fernando Dianderas originó que los vándalos perpetraran hasta 18 incendios en total, pero no se pudo determinar que los procesados hayan planeado la muerte de civiles.
El tribunal también explicó a lo largo de la sentencia que uno de los principales responsables es el ex jefe de la Policía Nacional del Perú Fernando Dianderas, pero era lamentable que él no ha-ya podido responder por esos hechos dado que obtuvo el perdón presidencial.
Según la sala presidida por José De Vinatea, quedó probado que desde el SIN se creó un plan alterno de seguridad llamado Escorpio, para el cual Montesinos ordenó el desvío de 190 mil dólares para el alquiler de hoteles donde se hospedaron policías que se infiltraron en la marcha, conjuntamente con vándalos que generaron el caos.
Este plan tuvo el fin de desprestigiar la jornada de protesta democrática y así tratar de que sus organizadores sean vistos como agitadores y puedan ser procesados. (Edición impresa La República)